Tras el fallo a favor por YPF, Argentina vuelve a enfrentar el desafío del CIADI: el mapa de los juicios contra el Estado
Desde 2003, este tribunal concentró el 94% de los litigios internacionales contra el Estado argentino. Hasta 2025, el país encabezaba el ranking global con 65 demandas, lugar que actualmente ocupa Venezuela. Los detalles.
A finales de marzo de 2026, Argentina obtuvo un respiro judicial en los tribunales del exterior cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto la sentencia de primera instancia por 16.100 millones de dólares vinculada a la expropiación de YPF. Sin embargo, la tregua podría ser breve: los demandantes ya ratificaron que su plan para revertir este escenario incluye una nueva etapa en Estados Unidos y una ofensiva ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial.
Este movimiento de los fondos Petersen y Eton Park, representados por Burford Capital, puso nuevamente el foco en este foro internacional. Durante años, Argentina se consolidó como el país más demandado de la región ante este organismo recibiendo reclamos principalmente de capitales europeos y estadounidenses.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) actúa en disputas entre Estados y privados extranjeros, amparado en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados mayoritariamente en la década del 90. Estos acuerdos permiten a las firmas accionar contra el país por expropiaciones o incumplimientos en contratos de privatización.
Desde 2003, este tribunal concentró el 94% de los litigios internacionales contra el Estado argentino. Hasta 2025, el país encabezaba el ranking global con 65 demandas, lugar que actualmente ocupa Venezuela. Según la organización Transnational Institute, ambas naciones “representan casi un tercio de las 415 demandas contra América Latina y el Caribe”.
Un historial de resultados adversos de Argentina frente al (CIADI)
El balance para el erario público en este tribunal es crítico. Los datos procesados indican que el Estado argentino perdió el 86% de las causas y acumula fallos desfavorables por 10.046 millones de dólares. A pesar de eso, estas sentencias tienen una particularidad: no son ejecutables de manera directa.
Para cobrar, los beneficiarios deben acudir a la Justicia ordinaria para ser reconocidos como acreedores y solicitar embargos. Esta complejidad explica por qué existen laudos de 2006 o 2009 que todavía figuran como “pendientes”.
Aunque no se revelaron los detalles de la nueva embestida de Burford, expertos como el exsubprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, sugieren que podrían basarse en el tratado bilateral con España de 1991. Cabe recordar que la estatización de YPF ya tuvo un antecedente en el CIADI con Repsol, proceso que se cerró en 2014 mediante un pago de 5.000 millones de dólares.
Actualmente, Argentina lidia con otros frentes activos en este foro:
- Aerolíneas Argentinas: sentencia en contra desde 2019 por 390 millones de dólares, ratificado por la Justicia de Estados Unidos
- Energía y Peajes: condenas a favor de AES Corporation por 716 millones de dólares (represa Alicurá) y de Webuild por 147 millones de dólares (puente Rosario–Victoria).
- Servicios Públicos: la francesa SAUR Internacional reclama el reconocimiento de un fallo de 2014 por 40 millones de dólares más intereses por la concesión de Obras Sanitarias Mendoza.
- Hidrocarburos: Mobil Exploration cuenta con un laudo a favor por 196 millones de dólares.
El 92% de las demandas ante el CIADI contra el país fueron iniciadas por firmas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Los inversores estadounidenses lideran con el 22%, seguidos por España (10%) y Francia (8%). En cuanto a los rubros, el suministro de energía, las inversiones financieras y el servicio de agua potable representan el “61,5% de las demandas contra la Argentina”, concluye el informe de Transnational Institute.
