El Gobierno y los rectores de las universidades públicas alcanzaron un principio de acuerdo para destrabar el financiamiento de las casas de estudios. La Casa Rosada retiró su exigencia de archivar el reclamo judicial por la ley presupuestaria en los despachos de la Corte Suprema y las partes prevén formalizar el acta del acuerdo salarial definitivo entre el transcurso de este martes 9 y el miércoles 10 de junio.
La propuesta oficial para el personal docente y no docente contempla una recomposición de los haberes del 24,33% en total. El esquema de pagos de la Secretaría de Educación dividirá el beneficio en un tramo inmediato del 21,33% y una cuota remanente del 3% para los sueldos de octubre, por este motivo los representantes universitarios consideraron que la medida compensará una porción del poder adquisitivo perdido.
Los negociadores de las carteras ministeriales incluyeron otros compromisos financieros de peso dentro del borrador final del acuerdo. El presupuesto nacional inyectará un incremento del 50% en los montos de las becas Manuel Belgrano para carreras estratégicas, de modo que el documento estipula también un refuerzo adicional de $50.000 millones de pesos para sostener la actividad de los hospitales universitarios.
La discusión de fondo entre las partes se originó tras la parálisis total de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. El Gobierno rechazó la vigencia de la normativa bajo el argumento de que el texto legislativo carece de partidas explícitas para su ejecución, por ende, la comunidad educativa recurrió a los tribunales federales para forzar el desembolso de los recursos aprobados.
La causa cuenta actualmente con un dictamen de medida cautelar favorable a los rectores que fue ratificado en dos instancias previas. El Tribunal de la Corte Suprema mantiene en suspenso los efectos de ese amparo mientras evalúa el recurso extraordinario de la Procuración del Tesoro, motivo por el cual los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se negaron rotundamente a retirar la demanda como moneda de cambio.
La reacción de los gremios y las nuevas medidas de fuerza
Los sindicatos de profesores de las diferentes facultades del país sostienen sus reservas frente al alcance de las promesas de la Casa Rosada. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó una huelga total de actividades entre el 16 y el 20 de junio y los secretarios generales exigirán el cumplimiento integral de la ley en lugar de parches parciales.
Las comisiones internas de los gremios organizarán jornadas de protesta complementarias con clases públicas en los ingresos de los edificios. Las asambleas estudiantiles apoyarán las movilizaciones para visibilizar el reclamo por mayor presupuesto en todo el territorio argentino y el escenario de las universidades combinará la tregua institucional de los rectores con la persistencia de los paros en las aulas.
