Ley de Financiamiento Universitario: pese a la urgencia, el Gobierno reconoció que no dispone de mayorías en el Congreso para reformar el proyecto
Si bien el oficialismo considera el tema vital por su incidencia en el equilibrio fiscal, admiten que un consenso que incluya a los aliados parlamentarios y a los rectores parece hoy un escenario lejano. Los detalles.
El Gobierno reconoció que actualmente no dispone de las mayorías necesarias en el Congreso para reformar la Ley de Financiamiento Universitario. Desde Casa Rosada advirtieron que la ventana de oportunidad para una negociación política se redujo drásticamente en comparación con el inicio del 2026 porque, si bien el oficialismo consideró el tema vital por su incidencia en el equilibrio fiscal, admitieron que un consenso que incluya a los aliados parlamentarios y a los rectores parece un escenario lejano.
La normativa 27.795, cuya vigencia fue ratificada por el Poder Legislativo en octubre de 2025, permanece en un limbo operativo: el Gobierno sostiene que su aplicación está sujeta a la asignación de recursos específicos. En este contexto, el Ejecutivo descartó volver a impulsar el proyecto de reforma enviado durante las sesiones extraordinarias de febrero considerándolo una pieza vieja en términos políticos tras los recientes movimientos en los tribunales.
La parálisis del tema también dejó al descubierto tensiones en la estrategia oficial. Según trascendió a través de TN, el plan de acordar una reforma antes del ciclo lectivo 2026 se vio obstaculizado por diferencias de criterio entre el equipo del asesor Santiago Caputo y la conducción legislativa encabezada por Martín y Eduardo “Lule” Menem.
Sin embargo, el verdadero punto de quiebre fue la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El tribunal ratificó una medida cautelar que exigió el cumplimiento de los artículos referidos a la actualización de haberes para el personal docente y no docente, además del pago de becas. Ante esto, la Procuración del Tesoro ya interpuso un recurso extraordinario buscando la intervención de la Corte Suprema.
En los despachos oficiales admiten que el fallo judicial fortaleció la posición de las universidades restándoles incentivos para aceptar una modificación de la ley que implique un menor desembolso. Pese a esto, la postura del Gobierno es realizar transferencias mensuales ajustadas a lo que ellos interpretan como el mínimo mensual exigido por la legislación.
Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones estudiantiles y gremiales ya agendaron una marcha federal para el próximo martes 12 de mayo. En el Gobierno son conscientes de que una protesta masiva podría reinstalar la crisis universitaria como el tema central de la opinión pública.
Desde el sector universitario aclararon que los tiempos judiciales aún otorgan un margen de espera. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tiene diez días hábiles para contestar la apelación oficial y solo después de ese plazo, la Cámara resolverá si el caso escala al máximo tribunal. Por el momento, la ejecución de la sentencia permanece en suspenso mientras se tramita el recurso extraordinario, lo que exime al oficialismo de un cumplimiento inmediato, pero mantiene la tensión administrativa al límite.
Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo que respaldó la ejecución de la ley
Tras el revés de la Justicia que ratificó la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno ya trabajan en una doble vía para apelar el fallo. Se trata de una ofensiva legal para llevar el conflicto hasta la Corte Suprema y una ejecución administrativa segmentada para minimizar el impacto fiscal inmediato.
Desde Casa Rosada, vaticinan que se cumplirán las transferencias mensuales para evitar desacatos, pero bajo una lógica de “pago por goteo” que impida consolidar el gasto como una ampliación permanente del presupuesto anual. Es por eso que preparan una estrategia de apelación escalonada sobre el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal:
- Recurso Extraordinario: se presentará ante la misma Cámara que dictó la resolución.
- Queja ante la Corte Suprema: ante el probable rechazo del recurso anterior, el Gobierno planea elevar el reclamo al máximo tribunal como última instancia.
