Las autoridades nacionales aceleraron las conversaciones con las conducciones universitarias para desactivar el litigio judicial por la Ley de Financiamiento antes de un pronunciamiento de la Corte Suprema. El Gobierno evalúa concretar una convocatoria formal durante el transcurso de esta semana y la Procuración del Tesoro busca blindar un acuerdo integral que preserve las arcas públicas frente a un potencial fallo adverso.
Las tratativas de las mesas técnicas abarcan desde las demandas de recomposición para los sueldos docentes hasta las partidas pendientes para los centros de salud universitarios. Fuentes oficiales ratificaron a TN el avance de los diálogos al afirmar que “estamos conversando de todo”. Mientras tanto, los voceros del Ejecutivo destacaron la predisposición de los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para alcanzar un consenso intermedio.
El llamado definitivo para el cónclave formal con los rectores todavía carece de una confirmación de agenda firme debido a la complejidad del diseño jurídico de la contrapropuesta del Gobierno. Los funcionarios del área educativa deslizaron que la cita “podría ser esta semana”, por lo que el equipo de abogados del Estado que conduce Sebastián Amerio se encuentra coordinando los detalles de la presentación para evitar cualquier tipo de fisura procedimental en los Tribunales.
La oferta de la cúpula de Milei contempla la transferencia de las partidas presupuestarias que el oficialismo remitió originalmente al Congreso de la Nación en febrero. El proyecto legislativo procuraba una reforma de la normativa vigente para mitigar el impacto fiscal sobre el tesoro: reconocía únicamente la pérdida de valor de los haberes docentes durante el ciclo 2025 y prescindía de los desfasajes acumulados previamente.
La contraprestación exigida por el Gobierno estipula el retiro inmediato de la medida cautelar que las casas de estudios impulsaron contra las arcas nacionales. La resolución del máximo tribunal del país obligaría al Estado a un desembolso inmediato de 2,5 billones de pesos en favor del sistema educativo, por lo que los letrados oficiales precisaron que “estamos viendo el tema y analizando la situación” para redactar las cláusulas de desistimiento mutuo.
Los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantuvieron una posición de cautela institucional y señalaron que el gobierno de Milei todavía omitió la presentación de una propuesta formal de carácter concreto. Las federaciones de profesores universitarios profundizaron sus medidas de fuerza y la Universidad de Buenos Aires dictó una serie de clases abiertas frente a la sede de Tribunales. En paralleo, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) paralizó las actividades académicas por 24 horas.
Las agrupaciones sindicales del sector educativo ya diseñan un cronograma de protestas gremiales para el comienzo del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo. La concreción de los planes de lucha dependerá directamente de la evolución de las paritarias salariales y de las transferencias para gastos de funcionamiento y el frente universitario continuará con los esquemas de visibilización pública si la propuesta oficial resulta insuficiente para las bases.
