La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió un fuerte cambio de estrategia en su confrontación con las medidas del gobierno de Javier Milei. Durante el encuentro de su Consejo Directivo en la sede de la calle Azopardo realizado este jueves 25 de junio, la central obrera desestimó la propuesta de implementar un paro nacional de 36 horas y en su lugar, logró imponer un plan de lucha basado en paros sectoriales, rotativos y secuenciales distribuidos a lo largo de un período extenso, una modalidad inspirada en las huelgas aplicadas en Francia durante 2023 contra las reformas de Emmanuel Macron.
La jornada gremial estuvo marcada por intensas discusiones internas. Mientras los sectores más duros reclamaban un impacto inmediato, predominó la postura de los gremios alineados con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, con el apoyo de aeronavegantes y televisión.
Los impulsores del modelo francés argumentaron que una secuencia de medidas sostenidas resulta tácticamente más eficaz y genera un menor desgaste prematuro para la estructura sindical. Tras la reunión, el cotitular de la central, Jorge Sola, confirmó la puesta en marcha de este frente común que incluirá asambleas, movilizaciones callejeras diarias y una futura marcha federal.
Cómo funcionan los paros “a la francesa” y cuáles son los próximos pasos de la CGT
El esquema adoptado busca mantener el conflicto activo de forma permanente sin la necesidad de paralizar por completo la actividad económica del país en un solo día. La ingeniería de las protestas tendrá el objetivo de estructurarse bajo los siguientes parámetros:
- Rotación por sectores: las medidas de fuerza se coordinarán de manera encadenada. Una semana interrumpirán sus tareas sectores estratégicos como el transporte ferroviario, la energía y las refinerías; la semana siguiente se acoplarán la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, alternando las actividades cada siete días de forma sucesiva.
- Movilizaciones intermedias: los paros por actividad se complementarán con marchas callejeras diarias de menor escala y campañas de visibilización en medios de comunicación para mantener la presión política sobre la Casa Rosada.
- Cronograma post Mundial: la CGT iniciará una ronda de consultas con sus delegaciones regionales de todo el país, pymes, centros de jubilados y el sector educativo para pulir los detalles. Debido a que el proceso deliberativo concluirá después de la final del Mundial fijada para el 19 de julio, la ejecución de los primeros paros sectoriales se proyecta para el mes de agosto.
- Desenlace con huelga general: el plan está diseñado como una escalada de menor a mayor. La acumulación de las protestas sectoriales y la marcha federal confluirán, en la fase final, en un paro generalizado con la participación de todos los gremios de la central.
Cuál es la ofensiva judicial contra la Reforma Laboral y la pérdida de la ultraactividad
Más allá del esquema de protestas, el Consejo Directivo de la CGT adoptó una definición legal de alto impacto político: instruyó formalmente a cada uno de los sindicatos confederados a presentarse ante los Tribunales para impugnar la Ley 27.802 de Modernización Laboral que entró en vigencia reglamentaria este 1° de junio.
El eje de la batalla judicial se centrará en la pérdida de la ultraactividad, el principio jurídico histórico que garantizaba la vigencia absoluta de un convenio colectivo de trabajo vencido hasta tanto las partes firmaran uno nuevo, protegiendo los derechos adquiridos de los trabajadores ante el estancamiento de las paritarias.
Con la aplicación de la nueva normativa del Gobierno, la ultraactividad solo se preserva para las “cláusulas normativas” (condiciones de trabajo directas), pero caduca automáticamente para las denominadas “cláusulas obligacionales”. Estas últimas regulan el financiamiento de las estructuras sindicales, tales como las cuotas solidarias y los aportes especiales pactados con las cámaras empresarias.
Dado que el Ministerio de Trabajo ya intimó a renegociar cerca de 800 convenios colectivos vigentes para adaptarlos a la nueva ley, la CGT busca coordinar una oleada de amparos judiciales que neutralice la ofensiva oficial sobre las cajas y el poder de negociación de las organizaciones gremiales.
