Los principales referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) reactivaron los debates internos para definir la modalidad y los plazos de un nuevo plan de acción directa contra las reformas económicas del gobierno de Javier Milei. La mesa chica de la central obrera busca esquivar el desgaste y los riesgos de acatamiento de una huelga general tradicional y las estructuras de conducción evalúan la implementación de un cronograma de paros rotativos por sectores de actividad para sostener el conflicto en el largo plazo.
Las modificaciones regulatorias introducidas por el Gobierno en las cuotas solidarias y los convenios de empresa apuraron las deliberaciones de las comisiones del consejo directivo. Las reuniones informativas comenzarán este miércoles 17 de junio con la presencia de las confederaciones de la industria, el transporte, la alimentación y la energía. Es por eso que los organizadores buscan comprometer la participación efectiva de los secretarios generales de los gremios más importantes del país.
Qué es el modelo de huelga “a la francesa” que quiere aplicar la CGT y cómo funcionaría
La propuesta fue introducida originalmente por Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). El mecanismo toma como base de operaciones las protestas sociales coordinadas en Francia durante 2023 contra las reformas previsionales del presidente Emmanuel Macron y las características son:
- Alternancia sectorial: las jornadas de parálisis de actividades se ejecutan por turnos de siete días entre los diferentes sectores de la producción.
- Primera etapa logística: el cronograma inicial contempla el freno simultáneo en los servicios de trenes, los yacimientos de energía y las refinerías de combustible.
- Segunda etapa urbana: la continuidad de las protestas pasa en la semana posterior a los recolectores de residuos, las escuelas y los transportes de pasajeros.
- Menor costo salarial: el esquema distributivo evita que la totalidad de la masa de trabajadores pierda semanas completas de presentismo de forma simultánea.
Los sondeos internos de la CGT revelaron dudas sobre el nivel de acatamiento real debido al temor a la pérdida de empleo que manifiestan las bases sindicales. Las presiones de las conducciones más duras de la UOM, La Fraternidad y los Gastronómicos empujan la idea de un paro tradicional de 36 horas.
“Algunos de los que nos reclaman un paro general no logran que sus afiliados acaten la medida de fuerza o ni siquiera hacen paros en sus sindicatos por reclamos sectoriales”, indicó un hombre de peso de la CGT a Infobae.
Los paros docentes proyectados para la segunda mitad de julio de 2026
La Secretaría de Políticas Educativas de la CGT trabaja con un calendario propio que corre de forma paralela a las negociaciones de las ramas del transporte. La conducción del área busca consolidar un frente de unidad con otras organizaciones nacionales para reclamar por el retraso de los ingresos mínimos de la actividad.
Los detalles de las negociaciones de la rama escolar
- Conducción del área: las gestiones se encuentran bajo la coordinación directa del dirigente Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA).
- Fecha de ejecución: las asambleas de las comisiones de base proyectan las medidas de fuerza para después del 19 de julio en reclamo de aumentos.
- El piso de las escalas: los representantes de los trabajadores docentes exigen la recomposición urgente de los haberes mínimos que actualmente se ubican en los $500.000 pesos.
Los límites legales de la Reforma laboral y las multas millonarias del Gobierno a los gremios
La aplicación práctica de los paros por sectores choca de forma directa con los artículos de la Ley de Modernización Laboral vigentes en el territorio argentino. La normativa obliga a los sindicatos a garantizar guardias de servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en las tareas esenciales, aunque la Justicia suspendió dicha exigencia para el sector educativo.
Las oficinas de la Secretaría de Trabajo tienen la facultad de dictar la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días para frenar los paros. El incumplimiento de estas órdenes estatales derivó en multas millonarias para los patrimonios de las organizaciones sociales:
- La Fraternidad: la Secretaría de Trabajo le aplicó una multa de $21.000 millones de pesos al gremio de Omar Maturano por desobedecer la conciliación obligatoria en la última huelga de la central.
- UTA: la organización de colectiveros que dirige Roberto Fernández enfrenta un expediente por haber parado los servicios en el AMBA durante la cuarta huelga general de la central obrera.
- El monto bajo análisis: las estimaciones técnicas de las penalidades potenciales contra la UTA alcanzan la suma de $70.000 millones de pesos por la cantidad de personal involucrado.
- Estrategia política: según Infobae, el Gobierno mantiene la aplicación efectiva de la multa en suspenso para utilizarla como herramienta de presión frente a futuras protestas.
