Un insólito y desopilante error judicial atravesó de lleno las últimas horas del juicio por la denominada Causa Cuadernos. En plena audiencia ante el Tribunal Oral Federal N° 7, la fiscalía convocó a prestar declaración a un testigo clave, pero la citación terminó en las manos de la persona equivocada debido a una confusión de nombres. Ante la mirada de los presentes, el hombre disparó una frase que dejó a todos sin palabras: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
El pedido original de los fiscales apuntaba a la citación del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ex AFIP (actual ARCA), quien se había desempeñado en el organismo recaudador cuando estaba bajo la conducción de Alberto Abad. Sin embargo, al iniciar el trámite de rutina en el banquillo de los testigos, el tribunal se topó con un contador público que compartía el mismo nombre y apellido, pero que jamás había pisado una oficina de la administración pública nacional.
Al ser consultado sobre si conocía o mantenía algún tipo de vínculo con los empresarios o exfuncionarios imputados en el proceso, el contador respondió con un rotundo no. Segundos después, al indagar sobre su pasado en el organismo fiscal, el hombre pidió la palabra para aclarar la insólita situación.
Desde el Tribunal le preguntaron si, al momento de ser contactado, le habían explicado formalmente los motivos de su citación para un juicio de semejante envergadura. “No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”, relató el testigo damnificado.
Además, el hombre detalló que llegó a preguntar de qué se trataba la convocatoria, pero desde los canales judiciales le contestaron que “no le podían aclarar” los detalles. Tras el insólito ida y vuelta, los magistrados le pidieron las disculpas del caso y el vecino pudo retirarse del recinto.
Más allá del blooper judicial de la jornada, el juicio de la Causa Cuadernos continuó con la incorporación de testimonios de peso. Días atrás, cuatro funcionarios de la actual ARCA detallaron minuciosamente las complejas operatorias que utilizaban los empresarios investigados para extraer cuantiosas sumas de dinero en efectivo de los contratos de infraestructura adjudicados por el Estado.
