El Gobierno de Javier Milei avanzó contra la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) luego del paro docente nacional realizado el 3 de agosto, tras considerar que no se estableció la prestación mínima establecida por la ley.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, abrió un expediente administrativo tras analizar los relevamientos realizados durante la jornada de protesta. Según la evaluación oficial, el gremio no habría garantizado el piso del 75% de prestación normal del servicio educativo establecido por la legislación vigente. Por este motivo, la Secretaría de Trabajo realizó controles en distintas jurisdicciones y ahora deberá determinar si existió un incumplimiento y cuál sería la eventual sanción.
Anteriormente, la gestión de Pettovello había anticipado, antes del paro, que fiscalizaría el incumplimiento de esta normativa para garantizar que los niños pudieran seguir asistiendo a clases mientras se desarrolla la protesta.
Por otro lado, desde el Gobierno aclararon que todavía no cuentan con un porcentaje nacional consolidado de incumplimiento. En este mismo sentido, la evaluación realizada por la Secretaría de Trabajo mostró diferencias importantes entre las distintas provincias, ya que algunas sí cumplieron con la normativa y los chicos pudieron asistir a las aulas.
Según la información difundida por el Ejecutivo, en algunas jurisdicciones —especialmente aquellas gobernadas por el peronismo— el nivel de adhesión habría sido elevado, mientras que en otras se habría cumplido con la cobertura mínima requerida. Por eso, la investigación apunta a determinar si CTERA, como organización nacional convocante, incumplió las obligaciones correspondientes.
Por qué la educación debe garantizar el 75% durante un paro docente
La discusión se produce a partir de las modificaciones introducidas en el régimen de servicios esenciales. El artículo 24 de la Ley 25.877 establece que, cuando un conflicto colectivo afecta un servicio considerado esencial, la cobertura durante una medida de fuerza no puede ser inferior al 75% de la prestación normal.
Dentro de esta normativa se encuentra incluida la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial. La legislación también establece un procedimiento para determinar cómo debe garantizarse esa prestación mínima cuando existe una medida de fuerza.
El objetivo del Gobierno es que el derecho a huelga pueda coexistir con la continuidad de servicios considerados esenciales, especialmente aquellos que impactan directamente en los estudiantes y sus familias.
Por el momento, no existe una sanción definida. Sin embargo, desde la cartera de Capital Humano reconocen que una multa aparece entre las posibilidades que se encuentran todavía bajo análisis.
