El gobierno de Javier Milei alista la inclusión de modificaciones a la Ley de Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027 con la expectativa de reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Mientras se ultiman los detalles de la propuesta técnica y el esquema para resolver las derivaciones de la Ley 27.795, los equipos técnicos del Ejecutivo evalúan además sumar cambios a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Desde la Casa Rosada descartaron cualquier posibilidad de postergar la presentación de la pauta presupuestaria ratificando el plazo legal del 15 de septiembre estipulado por la Ley de Administración Financiera. La meta del oficialismo es abrir de inmediato las conversaciones con las distintas bancadas para negociar las partidas mientras busca acelerar en las semanas previas el tratamiento de un paquete de leyes pendientes, que incluye reformas al Banco Central, la ley de Hojarasca y convenios internacionales.
El esquema para el sector universitario apunta a encauzar las diferencias surgidas tras el Decreto 759/2025 y el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Luego de que la Corte Suprema devolviera las actuaciones a las instancias inferiores al no pronunciarse sobre el fondo de la cautelar respecto a los artículos 5 y 6, en Balcarce 50 sostienen que el acuerdo salarial y de gastos firmado el pasado 10 de junio absorbió gran parte de los reclamos, por lo que buscan formalizar las reglas presupuestarias del próximo ejercicio de manera concertada.
En paralelo, la agenda oficial mantiene en revisión la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, norma vigente hasta finales de 2026 que involucra al régimen de pensiones no contributivas y prestadores del sector. Con el antecedente de las votaciones de diciembre pasado, el Gobierno busca consolidar una base de consensos con gobernadores y legisladores para evitar modificaciones improvisadas durante el debate en el recinto.
