A dos días de los anuncios realizados en cadena nacional, el impacto de las nuevas medidas del Gobierno comenzó a reflejarse de forma directa en el plano corporativo. SLB, Baker Hughes y Halliburton, tres de las mayores empresas globales de servicios petroleros y tecnológicos del mundo, comunicaron este sábado 5 de septiembre que no participarán en proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Las compañías, con fuerte presencia en yacimientos clave como Vaca Muerta, aclararon que sus operaciones se mantendrán al margen de cualquier iniciativa en la cuenca norte del archipiélago, donde operan la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en el marco del proyecto Sea Lion.
La decisión de las firmas multinacionales respondió de manera directa a la reglamentación del Decreto 868/26, publicado este viernes en el Boletín Oficial, una medida impulsada por el presidente Javier Milei para impedir que empresas extranjeras extraigan recursos en territorios nacionales bajo ocupación británica.
La respuesta de los gigantes petroleros y el peso del decreto del Gobierno argentino
La compañía SLB, fundada en París y con sede en Estados Unidos, fue una de las primeras en formalizar su postura a través de un comunicado oficial amparado en la nueva normativa nacional. “SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, sostuvo la gigante de servicios petroleros, y añadió que “SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.
En la misma sintonía se pronunció Baker Hughes Argentina S.R.L., que ratificó su apego al Decreto 868/2026 y remarcó su trayectoria histórica en el país. “Reafirma así su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina”, indicó destacando sus más de 70 años vinculados al desarrollo energético local.
Por su parte, Halliburton emitió un comunicado en el que aseguró que respeta “la soberanía de la República Argentina”. La firma estadounidense despejó cualquier duda sobre su participación en el yacimiento Sea Lion y ratificó que desarrolla sus operaciones “en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”.
El decreto firmado por Milei estableció un cambio drástico en las herramientas de control al designar a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. A su vez, fijó un procedimiento judicial y administrativo mucho más ágil para investigar y sancionar a cualquier actor económico que realice actividades hidrocarburíferas sin autorización en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La normativa impone plazos estrictos para blindar el área: los organismos públicos están obligados a informar posibles infracciones en un lapso de cinco días hábiles y una vez abierto el sumario correspondiente, las empresas investigadas dispondrán de tan solo diez días para presentar su descargo formal ante el Estado argentino.
