El Senado dio media sanción a la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, por 37 votos a 33.
Coincido, como cualquier demócrata, en que se reafirme y proteja la propiedad privada. Pero la Constitución Nacional ya lo garantiza de manera clara y suficiente.
Los artículos 14 y 17 lo establecen desde hace casi 170 años. La propiedad es inviolable, y su protección constituye una de las bases de nuestro sistema jurídico y un límite frente a cualquier avance arbitrario del poder.
Entonces, cabe preguntarse: ¿qué problema real viene a resolver esta ley?
Si el problema son las usurpaciones, las tomas o la inseguridad jurídica, la respuesta no está en sancionar una nueva ley que repite principios que ya tienen jerarquía constitucional.
La respuesta está en aplicar eficazmente las herramientas que ya existen: la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal y leyes específicas como la Ley Pierri 24.374 sobre regularización de tierras, que desde hace 30 años busca dar respuesta a esta problemática y, sin embargo, no se aplica con la celeridad que la sociedad reclama.
Legislar sobre principios ya establecidos, sin aportar soluciones concretas, puede convertir al Congreso en un productor de normas repetitivas y, paradójicamente, desdibujar el valor de la propia Constitución.
Se genera, además, una falsa sensación de que “se está haciendo algo”, cuando en realidad no se aborda la causa del problema.
Más preocupante aun cuando el debate parlamentario exhibe fragilidades: artículos eliminados a último momento y acuerdos de urgencia para alcanzar mayorías. Eso no es solidez institucional, es improvisación.
En otras palabras: se legisla para la tribuna y no para resolver problemas reales. La “inflación” legislativa implica más normas, más discursos y más declaraciones, pero sin resolver aquello que la sociedad reclama.
El problema no es la falta de normas, es la falta de cumplimiento efectivo de las que ya existen.
Fallan los controles. Fallan las garantías. Y muchas veces fallan las decisiones políticas y judiciales que deberían hacer operativas esas normas todos los días.
La República no se fortalece acumulando legislación redundante, sino cuando quienes ejercen el poder entienden que están limitados por la Constitución y no por encima de ella.
La Constitución no necesita ser reemplazada, necesita ser cumplida.
