Docentes universitarios anunciaron que van a llevar a cabo un paro de 72 horas en sus tareas al frente de las aulas, programado para el miércoles 30 de septiembre, con el fin de pelear por la aplicación de la Ley de Financiamiento y por una recomposición salarial. La CONADU, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, definió la nueva jornada de protestas este pasado viernes, en el transcurso de un plenario, y buscará estar en coordinación con la CONADU Histórica.
¿Podría suspenderse la jornada de paro?
El propio gremio hizo la aclaración de que la suspensión del paro solo podría darse en caso de que el Gobierno cumpliese, antes del 29 de septiembre, con la recomposición salarial, que solicitan sea del 33,4%, lo que se contempla en la Ley de Financiamiento Universitario.
Por el otro lado, el Gobierno ofreció una suba del 3% en la pasada paritaria, pero los propios docentes rechazaron la propuesta. Este desacuerdo fue lo que devino en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, que está prevista para que se desarrolle el 15 de octubre.
A su vez, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó que el objetivo de estas medidas de fuerza es el fortalecimiento de la organización colectiva frente a lo que ella misma definió como un momento de “fragmentación e individualismo” que, según define, está impulsado por la gestión de Javier Milei.
Por tales motivos y según los docentes en huelga, el Gobierno todavía debería recomponer un 30% de sus salarios.
El Gobierno va a apelar el fallo de cinco días que lo obligaba a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional va a apelar la resolución judicial que le otorgó un plazo de cinco días para tener que cumplir con la disposición cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación de esto será frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La presentación del Gobierno busca dejar sin efecto la intimación dispuesta por Martín Cormick, juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. En su resolución, el magistrado consideró que la medida cautelar “no existe cumplimiento total” y anticipó que podría establecer sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento si el Ejecutivo no acata lo ordenado dentro del plazo fijado.
Desde la Casa Rosada sostienen una interpretación diferente sobre el estado de la causa. Según funcionarios que siguen de cerca el expediente, el Gobierno considera que la cautelar ya fue cumplida y que esa situación fue comunicada y respaldada con documentación ante la Justicia. Ese planteo será uno de los principales argumentos que integrarán el recurso presentado contra la última decisión del juez.
La nueva apelación tampoco pone en discusión la medida cautelar original, que ya se encuentra firme. Cormick había dispuesto esa resolución en diciembre de 2025 y ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes y a la actualización de los programas de becas para estudiantes.
