El gobierno de Javier Milei avanza en un programa de cooperación con Estados Unidos para reemplazar de manera progresiva tecnología china instalada en redes estatales y crear un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. La iniciativa prevé una revisión integral de la infraestructura informática del sector público, con el objetivo de identificar equipos sensibles, establecer prioridades para su sustitución y mejorar la capacidad de respuesta ante ataques informáticos.
El proyecto contempla el reemplazo de equipamiento de Huawei ubicado en el núcleo de redes gubernamentales, además de la puesta en marcha de una estructura centralizada para monitorear amenazas. El futuro centro funcionará bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y no de ARSAT, en un nuevo capítulo de la cooperación entre Buenos Aires y Washington en materia tecnológica.
El financiamiento de Estados Unidos para la ciberseguridad argentina
La iniciativa coincide con una convocatoria del Departamento de Estado estadounidense por hasta US$13.912.185, destinada a brindar asistencia para diseñar, establecer y poner en funcionamiento un centro civil de operaciones de ciberseguridad en la Argentina. El programa prevé un plazo de hasta 36 meses y apunta a proteger las redes gubernamentales y la infraestructura crítica.
De acuerdo con la documentación del programa, el Gobierno argentino solicitó apoyo para fortalecer sus capacidades de ciberseguridad y avanzar hacia el uso de tecnología que Washington considera confiable. Entre los objetivos figura reducir la dependencia de proveedores externos al hemisferio occidental, en línea con la estrategia estadounidense para limitar la presencia de empresas chinas en sistemas sensibles.
La primera etapa contempla un relevamiento de las redes, los sistemas informáticos y los centros de datos del Estado nacional. A partir de ese diagnóstico, se elaborará un inventario de los equipos y se establecerá un orden de prioridades para retirar, aislar o neutralizar aquellos que se consideren vulnerables, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales.
El segundo eje apunta a desarrollar una capacidad de monitoreo permanente. El proyecto prevé herramientas para centralizar registros de seguridad, instalar sensores, detectar comportamientos anómalos y coordinar respuestas ante incidentes informáticos entre distintos organismos públicos. También incluye capacitación para analistas e ingenieros argentinos, con la intención de que el centro pueda operar sin una presencia permanente de especialistas estadounidenses una vez finalizada la asistencia.
Argentina deberá pagar gran parte del reemplazo tecnológico
El aporte de Washington no implica que Estados Unidos vaya a financiar la totalidad de la renovación tecnológica. La convocatoria contempla asistencia técnica, evaluaciones, diseño de la arquitectura informática, organización institucional y capacitación, pero establece que Argentina deberá asumir principalmente la compra de equipos, programas y los costos de funcionamiento del centro.
La propuesta también incluye recomendaciones para adecuar el marco institucional y normativo. Entre otros puntos, se deberán definir las atribuciones del centro, los mecanismos de intercambio de información entre organismos, las reglas para almacenar datos y las responsabilidades de cada área ante una intrusión o un ataque.
El programa se vincula con una discusión que el Ejecutivo ya mantenía sobre los proveedores de tecnología utilizados en sectores estratégicos. La Casa Rosada evalúa establecer requisitos de seguridad para redes, centros de datos e infraestructura crítica, en un contexto de creciente presión estadounidense para reducir la presencia de compañías chinas en sistemas considerados sensibles.
La disputa entre EEUU y China por la tecnología asiática
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a cuestionar esta semana el uso de tecnología china y sostuvo que la elección de proveedores no debe depender únicamente del precio. El diplomático vinculó la protección de las redes con la seguridad de los datos y con las condiciones necesarias para atraer inversiones extranjeras.
El gobierno de Trump sostuvo que el equipamiento de empresas como Huawei puede generar riesgos para la seguridad de la información y la infraestructura crítica. Esas advertencias forman parte de la posición oficial estadounidense, que promueve el reemplazo de tecnología de proveedores que considera de alto riesgo.
China rechazó esas acusaciones. La Embajada en Buenos Aires cuestionó los planteos de Washington, denunció una “mentalidad de Guerra Fría” y sostuvo que las advertencias buscan trasladar la competencia entre ambas potencias a terceros países. Beijing también defendió los antecedentes de Huawei en materia de ciberseguridad y protección de datos.
La controversia ya había escalado por la participación de Huawei en proyectos de conectividad e infraestructura tecnológica en Neuquén, en particular por su vínculo con la cooperativa CALF. En ese contexto, el Gobierno argentino analiza mecanismos más amplios para establecer criterios de seguridad sobre los proveedores que intervengan en sistemas estratégicos, más allá de acuerdos comerciales puntuales.
El vínculo tecnológico y militar entre Argentina y Estados Unidos
La cooperación en ciberseguridad se suma a otras iniciativas bilaterales en materia de defensa y seguridad. Equipos argentinos participaron recientemente en Estados Unidos de actividades de capacitación y ejercicios sobre protección de infraestructura crítica y respuesta ante ataques informáticos, en paralelo con la profundización de los vínculos entre ambos países.
En otro carril, ARSAT prepara una licitación pública internacional por US$49 millones para modernizar parte de su red, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dentro de la agenda de infraestructura vinculada con el Corredor Andes-Atlántico. Ese proceso contempla la renovación de equipamiento para las redes ópticas y de transmisión de datos, además de una ampliación de la capacidad.
Aunque ambas iniciativas forman parte de la agenda de modernización tecnológica, tienen alcances y fuentes de financiamiento diferentes: el programa estadounidense se concentra en la asistencia para la ciberseguridad estatal, mientras que la licitación de ARSAT apunta a actualizar infraestructura de telecomunicaciones.
