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AySA, Intercargo y Belgrano Cargas: cómo sigue el plan de privatizaciones del Gobierno

El Ejecutivo avanza con los procesos de Intercargo, dos centrales termoeléctricas y Belgrano Cargas, mientras completa las etapas necesarias para adjudicar el 90% de AySA. La agenda incluye licitaciones, inversiones obligatorias y concesiones de largo plazo.

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El Gobierno busca avanzar con su cronograma de privatizaciones y tiene por delante una serie de procesos con distintos niveles de desarrollo. Tras la apertura de las ofertas económicas por el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Milei prepara nuevas licitaciones para Intercargo y dos centrales termoeléctricas, mientras avanza con la concesión de las líneas ferroviarias de Belgrano Cargas.

La estrategia oficial apunta a transferir al sector privado la operación de empresas públicas, concretar las inversiones previstas en los pliegos y destinar parte de los recursos obtenidos a atender las necesidades financieras del Estado. Sin embargo, cada operación tiene sus propios plazos y todavía requiere completar distintas instancias administrativas.

AySA: cómo sigue el proceso después de las ofertas

La privatización de AySA es uno de los procesos más avanzados. En la apertura de las ofertas económicas por el 90% de las acciones, el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua y Transclor presentó una propuesta de US$340,2 millones. Por su parte, el grupo conformado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre ofreció US$285 millones.

La apertura de los sobres económicos no implica una adjudicación automática. La Comisión Evaluadora debe emitir su dictamen y elevarlo para la resolución correspondiente. Antes de completar esa instancia, también deben intervenir la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro.

Una vez cumplidos esos pasos, quedarán el cierre de la operación y la firma del contrato. En paralelo, el grupo ganador deberá constituir la sociedad que funcionará como holding controlante de AySA. Las estimaciones apuntan a que el proceso podría demandar alrededor de un mes y a que el pago se concretaría con la firma del contrato.

La operación contempla la transferencia del 90% del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado nacional. El futuro operador, además, deberá asumir inversiones por US$2.000 millones para ampliar y mejorar el servicio. La llegada de los nuevos accionistas también podría derivar en cambios en la conducción de la compañía.

Intercargo: el Gobierno prepara un nuevo llamado

Otro de los objetivos del Ejecutivo es retomar la privatización de Intercargo, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra a los aviones en los aeropuertos. El primer proceso licitatorio terminó sin ofertas válidas y fue declarado desierto en julio.

El llamado original contemplaba la venta del 100% de las acciones, con un precio base de US$45 millones. Ahora, el Gobierno analiza convocar nuevamente a los interesados con modificaciones en las condiciones de la operación.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para el nuevo llamado ni se conoce cuál será el precio base que establecerá el Ejecutivo. El esquema previsto busca que la empresa continúe funcionando como una unidad operativa, con sus contratos, licencias y servicios en los distintos aeropuertos donde tiene presencia.

Centrales termoeléctricas: licitaciones antes de fin de año

En el sector energético, el Gobierno prepara la venta de las participaciones estatales en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, a través de licitaciones nacionales e internacionales. La iniciativa contempla desprenderse de la totalidad de las acciones que Energía Argentina (Enarsa) tiene en ambas compañías.

En la central Manuel Belgrano, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, Enarsa controla el 65% del capital social. En la José de San Martín, que funciona en Timbúes, Santa Fe, la participación estatal supera el 60%.

Ambas plantas operan con tecnología de ciclo combinado y cuentan con una potencia instalada cercana a los 800 megavatios cada una. El Gobierno trabaja en la preparación de los pliegos, con la intención de concretar las operaciones antes de fin de año, aunque todavía restan completar etapas administrativas y publicar las condiciones definitivas.

La estrategia oficial también contempla una segunda etapa para avanzar con la central Guillermo Brown, aunque el próximo paso está concentrado en las otras dos plantas.

Belgrano Cargas: ofertas en noviembre y concesiones por 50 años

El proceso de Belgrano Cargas se encuentra en una etapa decisiva. El Gobierno autorizó la licitación nacional e internacional para concesionar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con una apertura de ofertas prevista para el 11 de noviembre a las 10.

El esquema contempla concesiones por 50 años y una reorganización de los componentes de la actividad ferroviaria, con separación entre infraestructura, operación y talleres. A diferencia de una venta tradicional de acciones, el proceso apunta a transferir la explotación de los servicios bajo las condiciones establecidas en los pliegos.

El Ejecutivo fijó obras obligatorias por al menos US$800 millones y prevé que la transferencia de la operación pueda concretarse durante 2027. El sistema contempla, además, obras optativas que sumarán puntaje en la evaluación de las propuestas, así como la posibilidad de que los interesados presenten ofertas por distintos componentes del material rodante.

Uno de los ejes del esquema es la competencia por peajes. Los operadores podrán utilizar la infraestructura ferroviaria mediante el pago de una tarifa dentro de bandas de referencia y deberán establecer un techo máximo. Las propuestas con peajes más bajos recibirán una mejor puntuación en ese aspecto de la evaluación. Los oferentes también podrán solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sujeto al cumplimiento de sus requisitos.

El destino de los fondos de las privatizaciones

El avance de estas operaciones forma parte de la política oficial para reducir la participación estatal en distintas actividades económicas y obtener recursos a partir de las ventas y concesiones. El Gobierno busca que los procesos pendientes se traduzcan en ingresos y, a la vez, en compromisos de inversión por parte de los nuevos operadores.

Dentro del esquema previsto, el Ejecutivo estableció que el 10% de los fondos obtenidos por las privatizaciones se destine a Defensa. Para las empresas vinculadas directamente con esa área, como Fabricaciones Militares, FAdeA, Coviara y el Astillero, el porcentaje previsto asciende al 70%.

Con AySA en la etapa de evaluación de las ofertas, Intercargo a la espera de un nuevo llamado, las centrales eléctricas en preparación y Belgrano Cargas con fecha para recibir propuestas, el Gobierno busca completar un calendario de privatizaciones y concesiones que combina ingresos fiscales, inversiones privadas y cambios en la gestión de empresas públicas.

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