La actual dirigencia de Deportivo Español, encabezada por María Sol Méndez, llevará a la Justicia a Ricardo Caruso Lombardi acusándolo de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Una auditoría reveló que el ex entrenador se quedó de forma ilegítima, hasta 2036, con la concesión y explotación de dos canchas de césped sintético del “Gallego” a través de un tercero, Uriel Videtta, y de Zoe Capital, firma de Leonardo Cositorto vinculada a la estafa piramidal de Generación Zoe.
El acuerdo leonino, firmado bajo la gestión anterior de Diego Elías, no pasó por la Comisión Directiva ni por la Asamblea y estipulaba que el club cobraba solo $1.000.000 anuales por una hora de uso al día, dinero que la institución jamás percibió.
A su vez, dicho acuerdo restringía el uso de las canchas para las divisiones inferiores del club del Bajo Flores a una sola vez por semana.
Ante la decisión de dar de baja el contrato ilegítimo, Caruso Lombardi amenazó a los directivos con “matarlos” mediáticamente en el noticiero deportivo que integra y en el canal de streaming Aura si no cambiaban de opinión, hecho que configuraría el delito de extorsión.
Durante el período de concesión, Caruso y sus socios subconcesionaron un espacio para construir un buffet sin permiso de obra, violando normas del Gobierno de la Ciudad y la legislación nacional.
El local operó ilegalmente sin habilitación y fue clausurado definitivamente por la Agencia Gubernamental de Control tras varias infracciones.
La demanda penal se agrava debido a que el contrato se suscribió cuando Deportivo Español carecía de la autorización de uso de tierras por parte de la Ciudad de Buenos Aires, concesión que recién obtuvo en diciembre de 2025.
La Justicia señala que cobrar cánones o alquilar tierras públicas a terceros simulando derechos de explotación encuadra en el artículo 181 del Código Penal, por lo que sería otra causa más contra el exentrenador.
