
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una nueva etapa luego de que dos consorcios presentaran ofertas técnicas para adquirir el 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional. La operación comprende una compañía que presta servicios de agua potable y saneamiento a cerca de 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.
El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El procedimiento fue autorizado en mayo de 2026 a través de la Resolución 704 del Ministerio de Economía, dentro del esquema de privatización dispuesto previamente para AySA. La licitación es nacional e internacional, se desarrolla en distintas etapas y no establece un precio mínimo para la adquisición.
Quiénes son los dos consorcios que presentaron ofertas
Aunque 17 interesados se habían registrado en el procedimiento, únicamente dos grupos formalizaron propuestas técnicas. El primero está encabezado por Rowing S.A. y también incluye a Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX, un vehículo de inversión con sede en los Países Bajos.
Rowing se dedica a la ingeniería, la construcción y los servicios industriales. Transclor, en tanto, provee productos utilizados en el proceso de potabilización, mientras que Arcos Saneamento tiene experiencia en la operación de servicios de agua y alcantarillado en Brasil.

La segunda propuesta está liderada por Roggio ROAS S.A.U., vinculada al Grupo Roggio. La integración informada incluye a Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo cuenta con antecedentes en infraestructura y servicios sanitarios, entre ellos la operación de Aguas Cordobesas.
Cuáles son los próximos pasos de la licitación
La presentación de ofertas técnicas no define todavía al futuro controlador. La Comisión de Evaluación deberá revisar la documentación y determinar si los consorcios cumplen los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros previstos en el pliego. Solo aquellos que superen esta instancia podrán participar de la apertura de los sobres económicos.
En la siguiente fase se conocerá cuánto ofrece cada grupo por las acciones estatales. Al tratarse de una licitación sin precio base, la adjudicación dependerá de las propuestas económicas presentadas por los oferentes técnicamente habilitados. El ganador será el que formule la oferta más alta y cumpla todas las condiciones del procedimiento.
Las inversiones que deberá realizar el nuevo operador
Además del precio de compra, el futuro operador tendrá que ejecutar un programa obligatorio de inversiones superior a los USD 2.000 millones entre 2027 y 2031. Los trabajos deberán destinarse a la expansión, mantenimiento y mejora de las redes de agua potable, desagües cloacales y plantas vinculadas con la prestación.
Las metas fijadas para 2031 contemplan alcanzar una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas dentro del área concesionada. Al finalizar el plazo inicial, los niveles deberán llegar al menos al 90% y al 75%, respectivamente.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años y podrá ser prorrogada. El contrato también deberá regular la estructura tarifaria, los mecanismos de financiamiento de las obras y los controles sobre la calidad del servicio. Hasta que concluya la evaluación técnica y se abran las ofertas económicas, ninguno de los dos consorcios puede considerarse adjudicatario de AySA.

















