El Gobierno de Javier Milei, apeló el fallo que frenó la privatización de AYSA y pidió que se revoque la cautelar dictada a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata había suspendido el avance del proceso y ordenado preservar las condiciones de prestación del servicio en 26 municipios bonaerenses.
La Casa Rosada solicitó que el expediente sea revisado por la Justicia Federal competente. Además, cuestionaron que la Defensoría del Pueblo bonaerense tenga legitimación para discutir decisiones y normas de carácter federal vinculadas con la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
En el planteo oficial, la posición de la empresa es que una defensoría provincial no puede frenar judicialmente un proceso definido por el Estado nacional sobre una compañía bajo órbita federal y con un marco regulatorio específico.
Por otro lado, señala que la medida se apoya en hipótesis y riesgos potenciales que no fueron acreditados con evidencia “técnica, científica ni regulatoria concreta”. También remarcan que el fallo no identifica incumplimientos efectivos ni daños actuales o inminentes que justifiquen paralizar el proceso.
Por último, desde AySA defienden el nuevo esquema como una “modernización estratégica” del servicio. Según la empresa, el régimen normativo fortalece los instrumentos regulatorios orientados a garantizar una “prestación eficiente, sustentable y universal, en resguardo del derecho humano al agua y al saneamiento”.
La privatización de AySA
Luis Caputo había confirmado que el pasado 15 de mayo se publicarían en el Boletín Oficial los pliegos para la licitación de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida representaba un paso fundamental en el plan de privatizaciones del Gobierno contemplado en la Ley Bases y apuntaba a transferir el 90% de las acciones de la compañía al sector privado.
El esquema diseñado por el Gobierno establece condiciones específicas para la futura operación de la mayor prestadora de agua y cloacas del país:
- Plazo: la concesión será por 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 10 años adicionales.
- Alcance: el servicio cubre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano, incluyendo distritos populosos como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Tigre y San Martín.
- Propiedad: el 90% del paquete accionario pasará a manos privadas, mientras que el 10% restante seguirá bajo control de los trabajadores.
