
El gobierno de Javier Milei avanza en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y este martes 15 de septiembre, abrieron los primeros ofrecimientos de los grupos empresarios que quieren quedarse con el 90% del paquete accionario de la compañía. Según lo dispuesto en la plataforma Contrat.Ar, tan solo dos de las diecisiete empresas interesadas continuaron el proceso en esta instancia en la que las ofertas serán analizadas por la comisión de evaluación de acuerdo con las condiciones previstas en el pliego.
Quienes superen esa instancia, quedarán habilitados para presentar la oferta económica final. Las dos firmas que se presentaron fueron los consorcios argentinos Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A y de Roggio ROAS S.A.U. y otros.

¿Qué dijo Santiago Caputo sobre la privatización de AySA?
“El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$2000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado”, aclaró el ministro de Economía, Luis Caputo en un posteo en la red social X.
AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA. EL NUEVO OPERADOR TENDRÁ OBLIGACIONES DE INVERSIÓN POR MÁS DE US$ 2.000 MILLONES EN LOS PRIMEROS 5 AÑOS El Ministerio de Economía realizó hoy el acto de apertura de las ofertas técnicas del cual participaron dos oferentes. El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales, correspondientes al 90% de la empresa, un exigente plan obligatorio de inversiones y expansión del servicio y una presencia de oferentes tanto nacionales como internacionales. El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado. Además, durante el primer ciclo de cinco años el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales. Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato. Esto significa más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos. Con las privatizaciones del gobierno del presidente Javier Milei, la libertad y la Argentina avanzan. 🇦🇷🇦🇷
— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026
Y agregó: “El Ministerio de Economía realizó hoy el acto de apertura de las ofertas técnicas del cual participaron dos oferentes. El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones estatales, correspondientes al 90% de la empresa, un exigente plan obligatorio de inversiones y expansión del servicio y una presencia de oferentes tanto nacionales como internacionales”.
“El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de US$ 2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado”, aclaró.
Entre las exigencias, remarcó que “durante el primer ciclo de cinco años el esquema establece que el nivel tarifario vigente al momento de su presentación se mantenga constante en términos reales”. Y enfatizó: “Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato. Esto significa más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”.
¿Cómo continúa el proceso de privatización de AySA?
El Gobierno ya había aprobado a fines de abril los contratos de concesión por 30 años y el esquema de transferencia de acciones. En aquel contrato se contempla también la chance de extender la concesión por hasta 10 años adicionales. El mismo abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado en Aysa.

Luego, en una segunda etapa, habrá una oferta pública inicial para colocar alrededor de 39% de las acciones en la Bolsa, mientras que el 10% restante quedará en manos de los empleados.
El Gobierno tiene como objetivo final que este proceso defina el traspaso de las acciones de AySA al sector privado y concretar una de las privatizaciones que incluyeron en la nómina que fue aprobada bajo la Ley Bases, de 2024.



















