Ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Donald Trump anunció un acuerdo que modifica profundamente la relación entre Washington y Caracas. Según el mandatario, Estados Unidos tendrá el “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de Venezuela, el país con mayor volumen de crudo certificado del mundo.
“¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, posteó el presidente norteamericano en Truth Social, que, según el aseguró el republicano, asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.
“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió.
Antes del anuncio oficial, medios estadounidense como el Wall Street Journal (WSJ), apuntaban a un inminente acuerdo con la energética Chevron, la única gran compañía que opera en Venezuela, y con otras petroleras para invertir miles de millones de dólares en yacimientos del país sudamericano.
Halliburton, compañía de servicios petroleros, sería otra de las multinacionales implicada en las negociaciones dirigidas por el Pentágono y por el Departamento de Estado.
Según WSJ, está previsto que ejecutivos de varias compañías firmen la próxima semana en Caracas un acuerdo de producción y se espera que el secretario de Energía, Chris Wright, viaje también al país latinoamericano. ExxonMobil y ConocoPhillips se mantendrían al margen por el momento, según el medio.
Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 millones de barriles
El volumen incluido equivale aproximadamente a una quinta parte de las reservas venezolanas, calculadas en unos 300.000 millones de barriles. La magnitud explica el entusiasmo de Washington, pero también abre interrogantes sobre el alcance real del concepto de “control mayoritario”: no está claro si se refiere a derechos de explotación, participación empresarial, comercialización preferencial o capacidad de decisión sobre determinados yacimientos.
El acuerdo fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y empresas privadas. Rubio afirmó que el entendimiento atraerá cerca de US$100.000 millones en inversiones, generará empleos y contribuirá a reconstruir la economía venezolana.
Las negociaciones comprenderían 17 campos estratégicos, incluidos yacimientos sin desarrollar de la Faja Petrolífera del Orinoco y campos maduros ubicados en el lago de Maracaibo. Una de las modalidades analizadas habría sido un sistema de arrendamiento, seguido por licitaciones para que compañías estadounidenses asumieran la explotación.
Un acuerdo marcado por una fuerte asimetría política
La forma en que se alcanzó el pacto le otorga una dimensión que trasciende la actividad petrolera. La captura de Maduro, ocurrida el 3 de enero de 2026, fue seguida por un rápido acercamiento entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, junto con un levantamiento progresivo de sanciones y una normalización de las relaciones bilaterales.
Ese contexto deja a Venezuela negociando desde una posición particularmente debilitada. Washington no solo intervino de manera decisiva en la reorganización del escenario político venezolano, sino que ahora anuncia el acceso preferencial a una parte sustancial de los recursos más valiosos del país. La secuencia obliga a preguntarse cuánto margen tuvo Caracas para discutir las condiciones.
Mientras la Casa Blanca destaca los beneficios para el consumidor estadounidense, todavía no existe la misma claridad sobre el impacto cotidiano para los venezolanos. Rodríguez aseguró que el proyecto generará más de US$209.000 millones en tributos para el Estado, modernizará la industria y favorecerá el crecimiento económico, pero esos resultados dependerán de la letra final del convenio y de su implementación.
