El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu “reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas” e “imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa”.
“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, señaló el funcionario israelí en su cuenta de X.
Y sumó: “Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.
En esa línea, Ben Gvir hizo “un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”.
Qué podría implicar un reconocimiento oficial de Israel
Si el Gobierno de Benjamín Netanyahu atendiera el pedido de Itamar Ben Gvir, Israel modificaría su posición diplomática y pasaría a respaldar explícitamente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
Un reconocimiento oficial tendría principalmente valor político y diplomático. Argentina sumaría el respaldo de un Estado con influencia internacional y podría utilizar ese pronunciamiento para fortalecer su estrategia en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. La ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía y continúa solicitando a Buenos Aires y Londres que retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.
La medida también podría generar tensión entre Israel y el Reino Unido, especialmente si estuviera acompañada por sanciones económicas. Aun así, no transferiría la administración del archipiélago ni obligaría a Londres a negociar. Su importancia estaría en el precedente diplomático y en la posibilidad de que otros países revisaran sus propias posiciones.
La acusación contra Gran Bretaña por la explotación petrolera
Ben Gvir acusó al Reino Unido de aprovechar el control del archipiélago para realizar perforaciones petroleras y apropiarse de recursos que pertenecen a la Argentina. El planteo incorpora la dimensión económica de la disputa: ya no se trata solamente del territorio, sino también del aprovechamiento de los hidrocarburos existentes en las aguas circundantes.
La controversia se concentra especialmente en Sea Lion, un proyecto ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas e impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Argentina considera que las operaciones desarrolladas sin su autorización violan su legislación sobre la plataforma continental.
En esa línea, el Gobierno argentino abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. La investigación no solo alcanza a los operadores, sino también a accionistas y proveedores de servicios.
Por su parte, el Reino Unido rechaza esa interpretación y sostiene que los habitantes de las islas pueden explotar sus recursos. La discusión petrolera profundiza así una controversia que combina soberanía, intereses económicos y control estratégico del Atlántico Sur.
