Chile conmemora este viernes los 53 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende sin actos oficiales por parte del Gobierno, una decisión inédita desde el retorno de la democracia que marca el primer 11 de septiembre bajo la administración de José Antonio Kast.
Todos los gobiernos que siguieron tras la caída de la dictadura civil militar de Augusto Pinochet recordaron la fecha con ceremonias y actos de distinto signo y matiz, no obstante Kast, reconocido partidario del régimen militar, dejó Santiago rumbo a regiones para sostener una agenda de trabajo.
La decisión de Kast de pasar por alto una de las fechas más importantes de la historia reciente del país no dejó indiferente a la oposición, que de manera conjunta criticó la ausencia de actos conmemorativos.
“El Presidente de Chile tiene que saber y reproducir que el lugar donde él vive (La Moneda), donde él gobierna, fue destruido por un bombardeo que realizaron las fuerzas sediciosas y fascistas”, señaló a los medios el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona.
“Le pido que tenga una estatura de Estado por sobre la posición política partidista, porque hoy le toca ser presidente de Chile, no un activista de la derecha”, subrayó el líder del PC.
En la misma línea, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, afirmó que si bien pueden existir posiciones políticas distintas, “hay algo que no admite dos lecturas, nada justifica torturar, asesinar ni hacer desaparecer a una persona”.
“En Chile lo hicieron agentes del Estado, por eso el Estado no tiene derecho a olvidar”, recalcó.
En este contexto, la oposición, en conjunto con la Fundación Salvador Allende, anunciaron un acto de conmemoración en el Cementerio General de Santiago, actividad que se suma a cientos de homenajes en distintos puntos de país.
Mientras tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, no descartó cursar indultos a criminales de lesa humanidad o a policías condenados por apremios ilegales durante las protestas de 2019, alegando que las solicitudes serán evaluadas “caso a caso”.
A mediados de mayo, fue liberado un ex agente de la policía política de Pinochet, César Manríquez, condenado por la desaparición forzada de 86 personas, torturas sistemáticas y una ejecución, delitos acreditados por la Justicia.
