Una investigación financiera desencadenó uno de los mayores terremotos económicos y políticos de Paraguay. La intervención de Ueno Bank, una entidad que había crecido rápidamente mediante su propuesta digital, derivó en cuentas bloqueadas, protestas y fuertes cuestionamientos sobre los controles del sistema bancario.
El crecimiento de Ueno Bank antes del escándalo
Ueno Bank contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y se había convertido en la entidad con más usuarios de Paraguay. Además, ocupaba el quinto lugar por volumen de depósitos y administraba cerca de USD 850 millones pertenecientes a organismos estatales, incluido el Instituto de Previsión Social.
Su expansión comenzó en 2021, cuando el Grupo Vázquez compró la Financiera El Comercio. La compañía impulsó una plataforma centrada en operaciones desde el celular y recibió autorización para funcionar como banco en diciembre de 2023.
El salto más importante llegó en junio de 2024, después de absorber a Visión Banco. Esa operación le permitió ampliar sus servicios y sumar cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y soluciones para empresas.
Qué irregularidades detectó el Banco Central
El Banco Central del Paraguay abrió un sumario por créditos otorgados a compañías relacionadas con el grupo controlador. Entre las operaciones investigadas aparece la transferencia de una cartera de préstamos por USD 74,4 millones a Vinanzas SA, otra empresa vinculada al conglomerado.
Las autoridades buscan determinar si esa sociedad tenía recursos propios para concretar la compra o si fue financiada indirectamente por el banco.
Según la hipótesis fiscal, la operación podría haber servido para ocultar la verdadera situación patrimonial de la entidad y disimular el deterioro de sus indicadores de liquidez.
Por qué quedaron bloqueadas las cuentas
El 3 de noviembre, el regulador ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido.
La decisión provocó la suspensión de la aplicación móvil, las tarjetas y los demás servicios. Miles de clientes se acercaron a las sucursales para exigir respuestas y se registraron protestas en Asunción.
El congelamiento también alcanzó a empresas, cajas jubilatorias, sociedades de Bolsa, organismos estatales y entidades deportivas.
La causa judicial contra 27 personas
La Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas ocho directivos del banco y 19 integrantes de compañías investigadas.
Los fiscales sostienen que, entre 2025 y 2026, se habrían concedido préstamos y sobregiros a sociedades del mismo grupo económico sin respetar los criterios habituales de evaluación crediticia.
Entre los delitos investigados aparecen lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida durante una crisis y violaciones a las normas comerciales.
Miguel Vásquez, principal accionista y uno de los fundadores de la entidad, quedó bajo investigación. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva y arresto domiciliario para otros directivos.
El vínculo político que agravó la crisis
El caso alcanzó una enorme dimensión política porque Santiago Peña había sido accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Además, Carlos Carvallo, entonces titular del Banco Central, había presidido la entidad hasta julio de 2023.
Luego de la intervención, Peña pidió la renuncia de Carvallo. La oposición presentó una acusación contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana.
En medio de la creciente presión política, Peña anunció su renuncia, pero el Congreso no la aceptó porque la sesión terminó sin quórum.
Cuánto dinero podrán recuperar los ahorristas
Las autoridades anunciaron inicialmente un pago de hasta 10 millones de guaraníes por cliente. Después, el Congreso aprobó una ley de emergencia que habilitó un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos.
La cobertura alcanza un máximo de 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 121,7 millones de guaraníes o aproximadamente USD 19.787 por depositante.
Cómo impactó la crisis en trabajadores argentinos
El conflicto llegó a Buenos Aires mediante Kaitel SRL Sucursal Argentina, integrante de ITTI, una empresa tecnológica que presta servicios a compañías vinculadas con Ueno Bank.
La firma tiene más de 900 empleados en el país. Parte del personal recibió suspensiones sin goce de sueldo y también denunció demoras salariales.
Aunque la compañía mantendría vigentes las relaciones laborales y la cobertura médica, continúa la incertidumbre sobre la cantidad de afectados y la fecha de pago de los haberes pendientes. Así, el derrumbe de Ueno Bank dejó de ser un problema exclusivamente paraguayo y se convirtió en una crisis de alcance regional.
