La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ocupó este martes la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en el barrio porteño de Núñez, en rechazo a la desvinculación de casi un centenar de trabajadores del organismo. La protesta incluyó una permanencia pacífica en el edificio y se replicó en otras dependencias del país, en un clima de creciente conflictividad vinculado a las políticas de ajuste del Gobierno nacional sobre el sector público.
La jornada estuvo marcada por un operativo de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional, que custodió el ingreso al predio y protagonizó breves incidentes con manifestantes en las inmediaciones. A pesar de esos episodios, desde el gremio insistieron en el carácter pacífico de la medida y condicionaron su levantamiento a la apertura de un canal de diálogo con las autoridades.
Despidos en la CNEA y protesta de ATE con toma del edificio en Núñez
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue quien encabezó la protesta y difundió la acción a través de sus redes sociales. Allí confirmó la permanencia en el lugar “hasta obtener respuestas” y denunció la ausencia de interlocución por parte de la conducción del organismo. En ese sentido, el sindicato señaló que el presidente de la CNEA, Martín Porro, “no se presentó ante los trabajadores” y lo acusó de permanecer “atrincherado por decisión propia” frente al reclamo.
La protesta sindical se produjo después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmara en conferencia de prensa una drástica reducción de la estructura del organismo. Según datos oficiales, la CNEA pasó de 645 a 272 cargos, lo que implica un recorte del 57,83%. El anuncio se inscribe en la política de racionalización del empleo público impulsada por el Ejecutivo y funcionó como detonante inmediato del conflicto, en tanto numerosos trabajadores denunciaron haber sido notificados de la finalización de sus contratos.
ATE denuncia “desmantelamiento” del sector nuclear y advierte por la pérdida de capacidades
Desde ATE calificaron las desvinculaciones como una “canallada” y advirtieron sobre el impacto estructural de la medida. “Se trata de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de diez años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, afirmó el gremio en un comunicado. La organización fue más allá y denunció un intento deliberado de “desmantelar” la CNEA con el objetivo de avanzar en una eventual privatización del sector.
En esa línea, Aguiar invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad del empleo público, y lanzó una advertencia. “Si estas cesantías se concretan al margen de la ley, quienes las impulsen van a terminar presos”, sostuvo. El dirigente también remarcó el carácter estratégico de la actividad nuclear y recordó que Argentina integra el reducido grupo de países del hemisferio sur que generan electricidad de origen nuclear, lo que está en riesgo por el actual proceso de ajuste.
El Gobierno defiende el ajuste y confirma miles de bajas en el empleo público
Desde el Gobierno defendieron el rumbo de la política de empleo público. Ravier encuadró los recortes en la CNEA dentro de un programa más amplio de reducción del Estado y detalló que, en los últimos dos meses, el ritmo de desvinculaciones en la Administración Pública Nacional alcanzó un promedio cercano a las 3.000 bajas mensuales.
El vocero precisó además que 3.983 trabajadores accedieron a programas de retiro voluntario en distintos organismos, entre ellos Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la ANAC, FADEA, Radio y Televisión Argentina, ANSES, CNRT, INCAA, INTA y PAMI. En paralelo, destacó la reducción de los cargos jerárquicos, que se contrajeron un 36% respecto de la gestión anterior, con recortes del 50% en ministerios, 39% en secretarías, 32% en subsecretarías y 45% en asesores.
De esta forma, el conflicto en la CNEA expone una nueva tensión entre el ajuste fiscal del Ejecutivo y los sectores vinculados a la ciencia y la tecnología. Mientras el Gobierno insiste en la reducción del gasto y la reorganización estatal, gremios y oposición advierten sobre un posible retroceso en capacidades estratégicas. La evolución del conflicto y la eventual apertura de una instancia de negociación serán claves para el futuro inmediato del organismo.
