El decreto del presidente Alberto Fernández que promulgó la ley de emergencia económica deberá pasar por una comisión bicameral del Congreso que ya está integrada en base a la nueva conformación parlamentaria y que evalúa abocarse a esa tarea en el verano.
Se trata de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuyo función es dictaminar sobre la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos delegados o de promulgación parcial de leyes.
Este cuerpo parlamentario se constituyó en base a la nueva integración del Congreso el jueves pasado, en medio del debate sobre la llamada ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva", atento precisamente a la promulgación de esa norma cuya aprobación era casi un hecho por esas horas.
No se descarta que el dictamen sobre el decreto 58/2019 que promulgó la ley el último lunes se trate en enero, si el Congreso reabre sus puertas para debatir el Pacto Fiscal y los proyectos anunciados por el Ejecutivo para modificar jubilaciones de privilegio.
Además, la comisión -que tiene mayoría oficialista- tendrá que evaluar el veto parcial contenido en el decreto, por el cual se observó una parte del artículo 52, referido a las retenciones en el caso de la minería.
"Obsérvase en el artículo 52 del Proyecto de Ley 27.541 la frase que dice ´En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras´", señala el decreto.
La comisión reeligió como presidente al diputado del Frente de Todos Marcos Cleri y como vice al jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y de sus 16 integrantes nueve son del oficialismo.
