El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría favorable al proyecto de ley del Super RIGI, diseñado para promover desembolsos superiores a los USD 1000 millones en las denominadas industrias del futuro. La iniciativa del Gobierno cosechó el respaldo del PRO, la UCR, el MID y distintas bancadas provinciales tras aceptar modificaciones de fondo en materia de contratación local y sustentabilidad, con la meta compartida de debatir el texto en el recinto el próximo 24 de junio junto al régimen de pago para los holdouts.
La normativa impulsada por La Libertad Avanza aspira a dinamizar la matriz productiva mediante beneficios de alta previsibilidad para rubros estratégicos que van desde la fabricación de baterías de litio y vehículos eléctricos hasta desarrollos de Inteligencia Artificial y la cadena de valor del uranio. Para blindar el acompañamiento de las fuerzas aliadas y asegurar las firmas necesarias, los representantes del oficialismo accedieron a reformular las exigencias operativas y ambientales del articulado original.
Cambios en el proyecto de Super RIGI: las modificaciones que incluyó el oficialismo
De acuerdo al texto final despachado por las Comisiones de Presupuesto y Justicia, las modificaciones técnicas incorporadas al proyecto se estructuraron bajo los siguientes ejes rectores:
- Incentivos a la Investigación y Desarrollo (I+D): las partidas destinadas a la investigación científica se computarán por el doble de su valor nominal al momento de calcular el piso mínimo de inversión exigido, fijándose un tope para este beneficio equivalente al 20% de dicha inversión base.
- Cupo para proveedores nacionales: las empresas beneficiarias asumirán la obligación de destinar un piso mínimo del 20% del monto total de sus adquisiciones de bienes y servicios a contratistas locales, condicionando este requisito a que la oferta nacional guarde condiciones competitivas de precio y calidad.
- Sustentabilidad e infraestructura local: las corporaciones deberán anexar un informe técnico exhaustivo que certifique que las obras proyectadas no vulneran la capacidad habitacional ni la regeneración de los recursos naturales de su zona geográfica de influencia.
- Cláusula de rechazo por impacto ambiental: el andamiaje legal sumó como causal de exclusión automática del régimen la detección fehaciente de riesgos o consecuencias negativas sustanciales sobre los ecosistemas circundantes o las comunidades vecinales.
- Transparencia y control público: se dispuso la apertura de un Registro Público de Proyectos de libre acceso ciudadano para auditar el desempeño de las firmas adheridas y el detalle de las penalizaciones aplicadas, resguardando exclusivamente los datos comerciales catalogados como sensibles.
- Delimitación de nuevas actividades: el dictamen circunscribió los beneficios de forma taxativa a los desarrollos tecnológicos innovadores que carezcan de despliegue comercial previo a escala nacional, vedando el usufructo del sistema para remodelaciones o ampliaciones de plantas preexistentes.
En paralelo a estas modificaciones, el bloque oficialista ratificó un ambicioso paquete de estímulos financieros que contempla una alícuota fija reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias junto a un esquema de amortización acelerada para obras de infraestructura. El andamiaje fiscal exime totalmente del pago de derechos de importación y retenciones a las exportaciones ligadas al plan de inversión, garantizando un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en los distritos que decidan adherir.
La propuesta económica concluye con un fuerte marco de flexibilización cambiaria que estipula la libre disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportación hasta alcanzar el 100% al tercer año del proceso comercial. Todo este conjunto de garantías tributarias, aduaneras y de seguridad social gozará de una estabilidad normativa inalterable por el plazo de 30 años, abriendo inclusive la vía para dirimir eventuales controversias con el Estado argentino mediante tribunales de arbitraje internacional.
