La reforma laboral de Javier Milei se define en la Corte Suprema, en medio del choque con la Confederación General del Trabajo
El conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero suma tensión institucional y se encamina hacia un capítulo clave en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre una de las reformas estructurales más sensibles de la actual gestión.
La disputa por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ingresó en una fase decisiva y, según reconocen en el oficialismo, su desenlace final quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En medio de un escenario de alta conflictividad judicial, la administración libertaria y el sindicalismo endurecen sus posiciones mientras se acumulan recursos y planteos que buscan inclinar la balanza.
Reforma laboral y Corte Suprema: el Gobierno apuesta a un fallo definitivo
“La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, afirmó un funcionario de primera línea del Ejecutivo al referirse al futuro de la normativa, judicializada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y otros sectores gremiales.
En la Casa Rosada dan por descontado que la central obrera no abandonará su estrategia judicial, a la que consideran “el único camino que tiene” para frenar la aplicación de la ley. Sin embargo, en el oficialismo sostienen que ese recorrido terminará en una nueva derrota sindical cuando el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma aprobada en sesiones extraordinarias.
El Gobierno se apoya en el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuya Sala VIII declaró la legalidad de la normativa en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”. La decisión permitió reactivar la plena vigencia operativa de la reforma tras la cautelar que había suspendido parte de su aplicación.
CGT redobla la ofensiva judicial y pide la nulidad del fallo
Lejos de retroceder, la conducción de la CGT respondió con una nueva avanzada judicial. Este lunes recusó a los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII, y solicitó la “nulidad absoluta” del fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral.
Desde el sindicalismo argumentaron que ambos magistrados “prejuzgaron” sobre cuestiones de fondo vinculadas a la cautelar que había suspendido 82 artículos de la ley. Además, apuntaron específicamente contra Pesino por “favorecer la posición de la demandada”, en referencia al Estado nacional.
El planteo también incluyó cuestionamientos éticos: la CGT sostuvo que el juez habría sido beneficiado con un pedido ante el Consejo de la Magistratura para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años, lo que según el escrito configura “una causa objetiva de apartamiento”. La presentación califica como “descalificable” la conducta del Estado por impulsar esa continuidad tras un fallo favorable a su postura.
En este contexto, el conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero suma tensión institucional y se encamina hacia un capítulo clave en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre una de las reformas estructurales más sensibles de la actual gestión.
