Reforma laboral: la CGT pidió la nulidad del fallo que dejó vigente la ley y recusó a los jueces
La central sindical cuestionó la decisión judicial que reactivó artículos clave de la reforma laboral y anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema y a organismos internacionales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó con una recusación formal contra los jueces que habilitaron la vigencia de los artículos cuestionados de la normativa. La central obrera denunció irregularidades en el fallo y puso en duda la imparcialidad de los magistrados intervinientes.
La decisión judicial, emitida por los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, dejó sin efecto una medida cautelar previa que había suspendido cerca de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Esos puntos, que afectan aspectos centrales como indemnizaciones, derecho a huelga y condiciones de contratación, habían sido objetados por la CGT mediante un amparo por presunta inconstitucionalidad.
En su presentación, el gremialismo fue categórico: “La resolución que se recurre carece de todo fundamento”. El escrito, firmado por el abogado Pablo Topet, sostiene además que los jueces incurrieron en prejuzgamiento y que no ofrecieron una fundamentación razonable sobre qué artículos debían aplicarse y cuáles no.
Uno de los ejes más sensibles del planteo es la situación del juez Pesino. La CGT remarcó que, tras el fallo, el Gobierno promovió su continuidad en el cargo por cinco años más, pese a que el magistrado está próximo a alcanzar la edad límite constitucional.
Para la central sindical, esta coincidencia configura un conflicto de intereses. En ese sentido, afirmaron: “La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”.
El documento también cuestiona el rol del Estado Nacional en el proceso: “No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional”. Además, se subraya que los derechos laborales poseen carácter alimentario y que los trabajadores en relación de dependencia deben ser considerados sujetos vulnerables, en contraste con lo que, según la CGT, interpretaron los jueces.
Otro punto crítico es que la resolución habría sido tomada sin permitir la intervención de la central obrera y, además, por una sala que, según argumentan, no tenía competencia en el caso.
Frente a este escenario, la CGT anticipó que llevará el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no descarta recurrir a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, la causa de fondo, que busca declarar la inconstitucionalidad de los artículos reinstaurados, continúa su curso judicial.
