El oficialismo en la Cámara de Diputados puso en marcha una estrategia parlamentaria para recuperar el control de la agenda legislativa mediante el tratamiento de dos proyectos considerados vitales para el Gobierno. Las comisiones internas abrieron el debate sobre la regulación de la actividad de los lobistas ante los funcionarios, bajo el nombre de Ley de Lobby; y los detalles de un nuevo régimen de incentivos para el sector tecnológico llamado Super RIGI. De esta manera, las autoridades de la Cámara Baja pretenden firmar los dictámenes la semana próxima para sesionar el miércoles 24 de junio.
La primera de las reuniones plenarias unió a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para analizar la Ley de Lobby. La propuesta del gobierno de Milei busca sacar de las sombras los contactos diarios que realizan los representantes de los sectores empresarios frente a los diputados y senadores, motivo por el cual la normativa obligará también a los miembros del Poder Ejecutivo a rendir cuentas públicas sobre cada una de sus audiencias de trabajo.
La iniciativa del Gobierno cuenta con buenas proyecciones políticas debido al visto bueno inicial de varios bloques de la oposición dialoguista. Los legisladores aliados coinciden en la urgencia de fijar pautas claras para una práctica que históricamente careció de controles estatales en la Argentina y los armadores oficiales confían en conseguir una media sanción holgada antes del cierre de las sesiones de junio.
Ley de Lobby: las obligaciones y las penas para los infractores
El proyecto crea una estructura de control para transparentar el vínculo entre los intereses privados y las decisiones del Estado. Las multas monetarias y los castigos judiciales alcanzarán tanto a los gestores como a las corporaciones. Los puntos principales de la regulación son:
- Registro Público Obligatorio: todos los lobistas del país tendrán la obligación legal de anotarse en una base de datos oficial para poder operar.
- Declaraciones juradas escritas: los gestores deberán identificar con nombre y apellido a sus clientes, junto con los intereses reales que representan en cada trámite.
- Bitácora de reuniones: los informes públicos deberán detallar la fecha, la hora, la modalidad del contacto, la oficina estatal utilizada y un resumen de los temas hablados.
- Multas económicas severas: los incumplimientos a las obligaciones del registro recibirán sanciones de hasta 500 salarios mínimos.
- Inhabilitación definitiva: las faltas consideradas graves provocarán la prohibición total para seguir ejerciendo la actividad de lobby en el territorio.
- Penas de prisión efectiva: el texto fija condenas de seis meses a tres años de cárcel para quienes realicen una representación clandestina de intereses extranjeros.
Super RIGI: el plan para atraer megainversiones tecnológicas
El plenario de las Comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia abrió el debate de la tarde para analizar el nuevo esquema de beneficios impositivos. El proyecto apunta exclusivamente a captar capitales de gran escala enfocados en la innovación productiva que habían quedado afuera de las ventajas de la Ley Bases.
Las características y los beneficios para las empresas son las siguientes:
- Monto mínimo de ingreso: las corporaciones interesadas deberán comprometer una inversión base de US$ 1.000 millones de dólares.
- Estabilidad a largo plazo: las firmas beneficiarias contarán con un blindaje fiscal, aduanero y cambiario garantizado por un período de 30 años.
- Sectores productivos incluidos: el programa abarca la industrialización del litio y el uranio, baterías, hidrógeno verde, paneles solares, inteligencia artificial y semiconductores.
- Exclusiones del régimen: el nuevo texto prohíbe el ingreso de proyectos vinculados con recursos naturales puros, obras de infraestructura o ampliaciones de plantas ya existentes.
- Reducción de Ganancias: la alícuota del tributo principal bajará al 15% y se permitirá un sistema de amortización acelerada para recuperar el dinero.
- Ventajas aduaneras y de divisas: las compañías quedarán eximidas de pagar derechos de importación y exportación, de modo que al tercer año de adhesión tendrán la libre disponibilidad del 100% de los dólares generados.
