Las principales organizaciones sociales y pastorales de la Iglesia Católica emitieron una carta abierta conjunta dirigida a los legisladores nacionales que deberán debatir la iniciativa para manifestar su rotundo rechazo al proyecto oficial denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“. Los sectores eclesiásticos alertaron que la iniciativa impulsada por el Gobierno constituye una amenaza directa contra la soberanía alimentaria y territorial del país poniendo bajo la lupa la flexibilización para la compra extranjera de tierras rurales con reservas de agua.
El documento institucional firmado por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina identificó artículos considerados de alta sensibilidad que pondrían en riesgo el patrimonio colectivo de las comunidades locales: “Atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”, indicaron.
La advertencia de la Iglesia también apuntó hacia los apartados que habilitan el uso comercial inmediato de superficies afectadas por incendios, una medida que modifica el espíritu de la “ley del fuego” sancionada en 2020. Para fundamentar el rechazo a que el suelo sea considerado un recurso netamente económico o una simple mercancía, la Iglesia recurrió a los conceptos teológicos fijados en la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra -el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”.
La carta sumó además las reflexiones del Papa Francisco contenidas en Laudato Si y cuestionó las asimetrías sociales que genera el modelo de acumulación privada, complementando sus críticas con una cita pontificia sobre las prioridades del crecimiento económico: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes”. Si bien el texto incorporó la preocupación por el déficit habitacional y las demandas de marcos justos para propietarios e inquilinos, la convocatoria final exigió a los representantes parlamentarios que voten priorizando el bienestar general de la ciudadanía por encima de los intereses financieros particulares.
