El oficialismo y los bloques aliados lograron emitir un dictamen favorable en la Cámara de Diputados al proyecto de ley que autoriza el pago a los fondos holdouts, que ya dispone de media sanción del Senado. Tras un plenario de comisiones realizado este miércoles 17 de junio, La Libertad Avanza reunió las firmas necesarias para tratar la iniciativa en el recinto la próxima semana con la urgencia de convalidar los acuerdos con Bainbridge y Attestor antes de su vencimiento el 30 de junio y así evitar posibles embargos sobre activos del Estado.
El dictamen positivo se aprobó con el respaldo de 42 firmas en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia. Durante el debate legislativo, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, defendió la conveniencia de la medida y dijo: “Creemos que son acuerdos muy beneficiosos porque implican una reducción sustancial sobre las acreencias que tenían los acreedores”.
Las autoridades del Palacio de Hacienda remarcaron que el entendimiento destraba los litigios y elimina de forma definitiva el riesgo latente de penalizaciones judiciales externas. Por su parte, el titular de la Comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, detalló que el desembolso previsto asciende a los USD 362 millones globales.
El legislador libertario alertó que una parálisis legislativa podría derivar en embargos directos sobre las acciones de YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. Según consignó el sitio especializado El Parlamentario, las bancadas que apoyan la ley expusieron la necesidad de acelerar los plazos de votación debido a que los convenios de conciliación perderán validez jurídica al finalizar el mes corriente.
La principal bancada de la oposición, Unión por la Patria, presentó un dictamen de minoría con duras objeciones técnicas respecto a la transparencia y la composición económica de los pagos. La diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó la celeridad del tratamiento y criticó la falta de datos precisos para constatar si la transacción respeta el principio de equidad frente a los canjes de deuda anteriores: “Traen un expediente y se toman el tupé de cambiar los anexos como si fuesen papelitos de colores. Estamos hablando de más de 171 millones de dólares y no han explicado cómo se conforma ese pago”.
Los diputados opositores exigieron la comparecencia del ministro Luis Caputo en el Congreso para detallar la sustentabilidad del endeudamiento público y los detalles de la negociación con los fondos litigantes. Ante las acusaciones, los funcionarios del área económica precisaron que el pacto con Bainbridge reduce una sentencia de 96 millones de dólares a un pago neto de 66 millones, generando un ahorro del 30%.
En lo que respecta al grupo Attestor, las oficinas técnicas aclararon que el reclamo abarca varias sentencias por USD 460 millones, sobre las cuales la firma acreedora ya mantiene fondos cautelares retenidos en cuentas de los Estados Unidos.
