El juez federal Sebastián Ramos dictó el primer procesamiento contra el diputado de Unión por la Patria y referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, acusándolo de violación de domicilio y resistencia a la autoridad por la toma del Instituto Juan Domingo Perón ocurrida el 7 de junio del año pasado. A pesar de la docena de apelaciones presentadas por los abogados defensores para trabar la causa, el magistrado avanzó con la resolución y le trabó un embargo de 5 millones de pesos.
El fallo dictado por Ramos alcanzó también al militante Valentín Peralta, señalado como otro de los principales protagonistas de una irrupción que culminó con destrozos edilicios y efectivos policiales lesionados. La ocupación se había ejecutado pocos días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en un contexto de protestas convocadas por referentes kirchneristas. La denuncia penal que dio origen a la investigación fue impulsada de forma directa por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, área que tiene la titularidad del inmueble y que ahora planifica transformar el establecimiento en un “centro inclusivo” con biblioteca y un local gastronómico atendido por jóvenes neurodiversos.
Los argumentos de la Justicia para procesar y embargar a Juan Grabois
En sus fundamentos, respaldados por un peritaje sobre cámaras de video, redes sociales y declaraciones testimoniales, el juez Ramos determinó que “ha quedado suficientemente acreditado que tanto Grabois como Peralta, el 7/6/25, ingresaron sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, el cual se encontraba cerrado y cuya titularidad corresponde al Ministerio de Capital Humano”.
De acuerdo al relato judicial, las autoridades policiales instaron verbalmente al desalojo antes de proceder a las detenciones ante los ataques de los manifestantes. El expediente detalla un escenario de extrema violencia y describe que Peralta “agredió con golpes vehementes al personal policial, negándose a retirarse del lugar”.
Sumado a eso, el magistrado sostuvo que Grabois permaneció dentro del edificio por al menos dos horas e “incitó a la permanencia ilegítima y a la agresión al personal policial destacado en el lugar, al cual le arrojaron objetos provocando lesiones físicas”. Las consecuencias de los enfrentamientos quedaron asentadas en las historias clínicas remitidas por el Hospital Churruca:
- Comisario De Cristóbal: presentó un traumatismo encéfalo-craneano con una escoriación sin sangrado activo en la región parietal derecha.
- Comisario Mayor Marcelo Claudio Galarza: sufrió traumatismos superficiales múltiples del tórax de tipo agudo.
- Comisario Inspector Gustavo Antonio Gauna: se le constató una leve inflamación, manteniendo la flexoextensión digital conservada e indolora.
- Comisario Inspector Amado Rubén Martínez: presentó un edema en el labio superior y una herida mucosa secundaria a un traumatismo con incisivos, sin laceraciones.
Procesamiento de Grabois: la estrategia de la defensa y la disputa por el teléfono celular
La defensa técnica de Juan Grabois intentó frenar el avance de la causa solicitando la nulidad de las actuaciones por usurpación, daño agravado y lesiones, alegando que el dirigente fue arrestado de “forma ilegal” y exigiendo la devolución de su teléfono celular de forma inmediata. La estrategia de los letrados consistió en asegurar que el referente de la UTEP no participó activamente de la irrupción, argumentando que se hizo presente en el lugar “en estricta calidad de abogado de la Cooperativa de Trabajo ‘Lo de Néstor’”, entidad encargada de administrar el local gastronómico contiguo denominado “Un Café con Perón”.
A pesar de que la Cámara Federal porteña ya avaló la validez del expediente, el avance de una prueba clave permanece frenado: desde el 5 de noviembre de 2025 se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja interpuesto por la defensa para evitar la apertura del dispositivo móvil secuestrado durante la detención en flagrancia. Mientras Capital Humano acusó a la defensa de haber “planteado nulidades y apelaciones tendientes a impedir que se investigue lo ocurrido”, el fiscal Carlos Rívolo aclaró que su intención es analizar únicamente las comunicaciones de las jornadas ligadas al hecho y preservar la información protegida por el secreto profesional del imputado.
Al momento de su aprehensión por parte de la Policía Federal en medio de forcejeos, Grabois se envolvió en una insignia patria y exclamó a viva voz: “Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”. Tras ser liberado en la Superintendencia de Investigaciones en Villa Lugano ante el reclamo de figuras como Natalia Zaracho e Itai Hagman, el dirigente manifestó: “Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional”.
El referente social enmarcó el accionar judicial dentro del “odio gorila” del Gobierno y sentenció: “Lo que hicieron fue intentar borrar la historia de una parte del pueblo argentino. Sellaron todo, destruyeron murales y pusieron las estatuas de Evita y Perón en bolsas mortuorias”,
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano justificó la disolución del organismo mediante un comunicado oficial donde puntualizó que la entidad “contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de $400 millones” y añadió que “la totalidad de su presupuesto era destinada al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del Instituto”. Finalmente, la cartera a cargo de Sandra Pettovello informó que el patrimonio cultural e histórico fue debidamente inventariado y se encuentra en proceso de selección para ser trasladado a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.
