El plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo dentro del paquete de reformas enviado por el Gobierno. Las comisiones, que encabezan los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, dejaron la propuesta en condiciones de ser debatida en el recinto el próximo 26 de agosto.
El dictamen mayoritario reunió un total de 44 firmas repartidas entre diversos bloques:
- La Libertad Avanza: 32 firmas
- PRO: 4 firmas
- UCR: 2 firmas
- Innovación Federal: 2 firmas
- MID: 1 firma
- Bloque Independencia: 1 firma
- Producción y Trabajo (San Juan): 1 firma
- Provincias Unidas: 1 firma (en disidencia parcial)
La iniciativa introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Procedimiento Tributario y a la Ley del Registro del Trabajo Rural, con el objetivo de brindar certidumbre jurídica a contribuyentes cumplidores y reducir la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
“Esta norma tiene un concepto claro: no se busca condenar a quienes cumplen. Es un esquema strictly tributario. Queremos darles previsibilidad, alivio fiscal y justicia impositiva a los ciudadanos y PyMEs que hacen el esfuerzo diario por estar al día”, expresó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado.
Exclusión de funcionarios públicos en el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: los detalles del cambio acordado
Uno de los puntos centrales introducidos tras las negociaciones con los bloques dialoguistas fue la incorporación de un freno explícito para que ningún funcionario pueda acogerse a las ventajas impositivas del sistema. “Los funcionarios no entran en este régimen, la exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”, remarcó Rodríguez Machado.
El alcance del bloqueo aplica de la siguiente manera:
- Período de alcance: comprende a quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública durante los 5 años anteriores a la adhesión y de allí en adelante.
- Poder Ejecutivo: funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Poder Legislativo: legisladores nacionales, provinciales, de la CABA, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur.
- Poder Judicial y Ministerio Público: magistrados de todas las jurisdicciones.
- Órganos de control: defensores del Pueblo y adjuntos, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de Jurados de Enjuiciamiento.
Si bien estos funcionarios podrán operar a través del sistema simplificado únicamente como canal administrativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y saldar el monto correspondiente, no tendrán acceso a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni a ninguna inmunidad tributaria.
La postura de la oposición frente al proyecto de Inocencia Fiscal II
Desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Carlos Castagneto, junto a su par Ariel Rauschenberger, fundamentó el rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo y cuestionó los constantes cambios en la redacción del texto durante el trámite en comisión.
“Los libertarios cambian los dictámenes 17 veces como en el Senado, y encima no está la diputada Silvana Giudici para explicarlo”, afirmó Castagneto en referencia a la diputada porteña de La Libertad Avanza, quien en ese momento se encontraba en negociaciones por la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.
Además, Castagneto alertó sobre el impacto que la norma podría tener sobre el esquema recaudatorio y las facultades del organismo fiscalizador. “No hay condiciones propias de una fiscalización, de una investigación. Se incorporan grandes contribuyentes, y es un sistema que perjudica a la recaudación, ya que siempre sostuvimos que tienen que pagar los que más tienen y acá lo que hacen es un tapón fiscal donde no se va a investigar ni a fiscalizar”, concluyó.
