A casi dos siglos de que Juan Facundo Quiroga proclamara la utópica idea de que San Juan y La Rioja debían unirse para conformar una sola provincia, una nueva y profunda disputa institucional planteada por el gobierno riojano busca abrir una discusión por los límites interprovinciales. El conflicto recrudece en un momento estratégico: cuando un mega emprendimiento minero en el noroeste sanjuanino se prepara para tributar fuertemente a su provincia, proyectando además el paso de sus grandes cargas de producción por la infraestructura de la otra.
La tensión comenzó a escalar a mediados de junio, cuando el gobernador riojano Ricardo Quintela envió un proyecto a la Legislatura para reabrir el reclamo por unos 2.600 kilómetros cuadrados que fueron cedidos por las autoridades de facto de La Rioja a sus pares de San Juan en el año 1967. La movida generó el rechazo inmediato del mandatario sanjuanino Marcelo Orrego.
Ley de nulidad, cautelares y la estrategia judicial de La Rioja
Avalada por la mayoría oficialista de la Legislatura riojana, la iniciativa de Quintela fue aprobada recientemente y promulgada este viernes por el propio mandatario, quien defendió la medida sosteniendo que con esa norma van a iniciar “acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano”. De acuerdo con el texto aprobado, la provincia busca declarar la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 durante la dictadura militar para fijar los límites interprovinciales, una normativa históricamente rechazada por La Rioja bajo el argumento de que la delimitación se realizó de forma unilateral y sin la participación del Congreso.
Más allá de la declaración, la norma ordena la creación de una comisión para estudiar detalladamente el caso e instruye formalmente a la Fiscalía de Estado riojana a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo final es revisar la validez de aquella ley nacional y solicitar medidas cautelares de urgencia que impidan el avance de la explotación de recursos naturales en las zonas en discusión hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.
Desde la vereda de enfrente, el gobernador Marcelo Orrego salió al cruce y rechazó de plano la avanzada de su par riojano: señaló que se trataba de “un proyecto de ley para reclamar territorio que es de San Juan”. Para bajarle el tono a la ofensiva y ratificar la soberanía de su distrito, el mandatario sanjuanino remarcó: “Nuestra jurisdicción no está en discusión”.
En ese sentido, recordó que “los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014” y advirtió que “ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley”, ya que una modificación de tal magnitud debe pasar necesariamente por el Congreso y la Justicia nacional. Ante este panorama, convocó “a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece” y aseguró que lo harán con la “ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”.
La disputa sumó más temperatura luego de que la Legislatura de San Juan aprobara la Ley de Desarrollo Local Minero, calificada por el vicegobernador Fabián Martín como “una herramienta clave para el presente y el futuro” provincial debido a su capacidad para generar crecimiento, más empleo y desarrollo para cada comunidad. La promulgación de la norma riojana al día siguiente enardeció a los funcionarios de San Juan.
El jefe de Asesores del gobierno sanjuanino, Rodolfo Colombo, tildó la jugada de Quintela como “una bravuconada” que “no tiene ni asidero ni fundamento jurídico”. Colombo acotó en declaraciones a Radio Fénix que el reclamo es como si alguien dijera que “la Patagonia es de San Juan, o voy por el petróleo de Mendoza extendiendo el límite porque sí”.
“Llama la atención que este año piensen en minería cuando nunca han planteado un programa minero en La Rioja. Es parte de un gobierno que con demagogia le plantea a sus comprovincianos: ‘che, voy a defender lo nuestro’, buscando donde no le corresponde”, sentenció el asesor sanjuanino. La réplica desde el territorio riojano llegó a través de su homólogo, el asesor general de la Gobernación, Pedro Goycochea, quien matizó los cruces en diálogo con Riojavirtual explicando que no se trata de “una confrontación con el pueblo de San Juan”.
Goycochea argumentó que el propósito es aclarar que la ley de la dictadura ya no tendría vigencia real, dado que en 2024 la Corte Suprema habría advertido que dicha norma promulgada por Juan Carlos Onganía nunca fue ratificada por el Congreso.
A pesar de los cuestionamientos, el fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, ratificó a Tiempo de San Juan que “no existe ninguna duda” sobre la soberanía territorial porque “el límite está fijado” desde hace décadas. Si bien ante cualquier diferendo interprovincial los únicos poderes facultados por la Carta Magna para zanjar la cuestión son el Congreso Nacional y la Corte Suprema, el verdadero nudo de la discusión se concentró en el cobro de las regalías por los recursos minerales o hidrocarburos que se exploten en la región.
Para hacer valer su postura económica, las autoridades sanjuaninas se respaldan firmemente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la cual determina explícitamente que los recursos naturales pertenecen al dominio originario de cada provincia. El propio fiscal Dávila lo había dejado asentado días atrás en una entrevista con Riojavirtual al ser consultado por las masivas explotaciones mineras que avanzan a paso firme en el proyecto Josemaría.
“Lo que está dentro de los límites de San Juan será para San Juan y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Minería de la provincia”, concluyó Dávila, quien remató con firmeza que “los recursos naturales están dentro de San Juan y son para San Juan sus regalías. Así lo dice la Constitución Nacional”.
