Un nuevo paro universitario de 48 horas para el 27 y 28 de agosto fue promovido por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en su totalidad. La medida de fuerza se ejecutó luego de que la Justicia decretara la obligación del cumplimiento de dos artículos que se encontraban en disputa.
Las casas de estudio nacionales adhieren al reclamo y se unirán para exigir la implementación de la norma que garantiza la financiación y mejoras salariales para el sector en medio del conflicto abierto entre las organizaciones universitarias y el Gobierno nacional.
¿Cómo continúa el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario?
La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada por el Congreso de la Nación. Ante el pedido del Gobierno nacional de que la causa fuera revisada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dicho tribunal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la normativa.
Sin embargo, la implementación de la misma sigue siendo motivo de conflicto entre las universidades y la gestión de Javier Milei. Los establecimientos educativos confirman que las transferencias presupuestarias aún no han sido concretadas y su demora afecta a los gastos de funcionamiento de las facultades, a los salarios de los docentes y a las becas de los estudiantes.
Sigue manteniéndose como eje central de la disputa la cuestión salarial porque las universidades afirman que los aumentos de los últimos meses quedaron muy por debajo de la inflación y fueron definidos unilateralmente sin negociación paritaria alguna; representa una pérdida del poder adquisitivo próxima a un tercio de su capacidad de compra.
Los gremios prevén participar de nuevas instancias de negociación, mientras que el sistema universitario continúa en su reclamo por mayores recursos para las instituciones.
¿Cuál fue el último capítulo de esta disputa?
El conflicto entre las universidades y el Gobierno sumó un nuevo capítulo en la audiencia judicial en la que se enfrentaron los rectores de universidades con representantes del Ejecutivo en relación a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Fuentes oficiales le confirmaron a TN que por el momento, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a Nación a aplicar dos artículos de la normativa que habilita la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
El conflicto en el ámbito universitario se viene intensificando desde comienzos de año. Durante marzo y abril se concretaron jornadas de paro los días 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril. En mayo, se realizó una huelga de 24 horas el 29, mientras que en junio se desarrolló otra medida de fuerza de 48 horas, los días 3 y 4. A esto se sumó la cuarta Marcha Federal Universitaria, que tuvo lugar el 12 de mayo.
Con esta nueva acción, los sindicatos buscan aumentar la presión sobre el Poder Ejecutivo para que destine los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento de las universidades, en un contexto marcado por un reclamo cada vez mayor frente al desfinanciamiento de la educación superior pública.
