El Gobierno analiza ampliar las sanciones para las actividades económicas que se desarrollen en las Islas Malvinas sin autorización argentina y trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que será enviado al Congreso. La iniciativa todavía se encuentra en elaboración y además de los hidrocarburos, contempla la posibilidad de incorporar a la pesca, la minería, la ganadería, la agricultura y el turismo.
La propuesta se analiza en una mesa reducida del Gobierno y el articulado todavía permanece abierto. En las áreas que participan de la elaboración reconocen que se trata de una iniciativa compleja, con distintos puntos aún bajo estudio, por lo que el alcance definitivo de las sanciones todavía no está cerrado.
La diferencia principal con el esquema vigente está en las actividades alcanzadas. La exploración y explotación de hidrocarburos ya se encuentran contempladas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca establecer qué herramientas podrían aplicarse sobre otros sectores productivos y sobre las empresas y actores vinculados con esas operaciones.
Pesca, el sector que aparece más avanzado
Hasta el momento, la pesca es la actividad sobre la que existe mayor avance dentro de la ampliación que analiza el Gobierno. “Estamos trabajando en eso”, admitieron fuentes oficiales. En este sentido, estudia reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas en las islas.
La actividad ya cuenta con un régimen específico. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y, al mismo tiempo, mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que realizan tareas de pesca sin autorización nacional.
El debate actual pasa por definir hasta dónde llegará el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia podría alcanzar a accionistas, sociedades relacionadas, proveedores u otros integrantes de grupos empresarios con intereses tanto en el territorio continental argentino como en las islas.
El peso de la actividad explica parte de la atención del Gobierno. De acuerdo con la estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura representan alrededor del 58% de su producto bruto y constituyen desde hace décadas uno de los principales motores de su economía.
Qué pasa con la ganadería y la agricultura
La ganadería presenta una situación diferente a la minería, debido a que cuenta con una actividad histórica y consolidada en las islas. Los documentos oficiales de la administración británica describen a la agricultura y la producción ganadera como parte central de la economía y la estructura social del Camp, las zonas rurales ubicadas fuera de Puerto Argentino.
La producción ovina, de lana y de carne tiene un lugar destacado dentro de ese esquema. Además, la estrategia económica 2026-2040 plantea diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos con mayor valor agregado.
El objetivo planteado por la administración de las islas es reducir la dependencia de la volatilidad de los precios de la lana y sostener la actividad rural mientras avanza el desarrollo esperado del sector petrolero.
Por qué la minería también está bajo análisis
La minería presenta otro escenario. Actualmente no existe una explotación minera comercial de relevancia en las islas, aunque sí existen antecedentes de exploración y un marco legal para este tipo de actividades.
Uno de los principales antecedentes está relacionado con el oro. Distintos estudios geológicos detectaron partículas del mineral en cursos de agua y dieron lugar a campañas de exploración y perforaciones destinadas a determinar la existencia de posibles depósitos.
También hubo investigaciones vinculadas con diamantes, aunque ninguna de esas iniciativas derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos. Por ese motivo, la eventual inclusión de la minería en la nueva legislación tendría principalmente un carácter preventivo ante la posibilidad de que en el futuro la administración británica autorice nuevos proyectos.
Turismo, otro sector que aparece en la discusión
El turismo también forma parte de las actividades que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo de las islas lo considera una de las alternativas para diversificar su economía durante los próximos años.
Según los datos oficiales de ese plan, el sector aportó £15,2 millones durante la temporada 2023/2024. La administración isleña proyecta incrementar el número de visitantes y mejorar la conectividad aérea.
La incorporación de este sector al régimen de sanciones permitiría ampliar el alcance de la iniciativa más allá de las actividades extractivas y alcanzar eventualmente a empresas o actores vinculados con servicios turísticos.
Hasta dónde podría llegar la nueva ley
El esquema que analiza el Gobierno busca determinar si una empresa que participa, financia, presta servicios o obtiene beneficios de una actividad económica desarrollada en Malvinas sin autorización argentina podría enfrentar restricciones para operar o contratar dentro del territorio nacional.
La definición central será el alcance de esas restricciones. La Casa Rosada tiene previsto endurecer el régimen para los hidrocarburos, mientras que la pesca aparece como el sector más avanzado dentro de la ampliación. Minería, ganadería, agricultura y turismo continúan bajo análisis.
El proyecto que finalmente llegue al Congreso determinará si el régimen mantiene un alcance principalmente vinculado con la actividad petrolera o si incorpora un esquema transversal que abarque distintas actividades productivas desarrolladas en las islas.
