Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindaron una conferencia de prensa donde anunciaron avances de la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
La presentación ante el organismo internacional forma parte de la estrategia de la defensa de la ex presidenta tras el cierre de las instancias judiciales en Argentina por la Causa Vialidad.
“Nunca dejamos de investigar y de buscar las medidas de prueba. El 6 de agosto de este año, en el marco de la causa que se llama Los Cuadernos, una causa también armada contra Cristina Kirchner, compareció un testigo convocado por la fiscalía, un técnico que se desempeña en la Dirección de Vialidad. Era una base de datos en la que aparecía cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso por el que habían acusado a Cristina. ¿Qué encontramos? Que cuando se hablaba de la utilización de los fondos a Vialidad por el artículo 54 se hizo una inversión de 2000 millones de dólares. A Lázaro Báez se le había asignado el 1%. La información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso", argumentó Beraldi. Y agregó: “Frente a este hallazgo, llevamos la prueba a Naciones Unidas”.
Luego tomó la palabra Valim, el letrado brasileño quien también formó parte de la defensa de Lula. “Esta prueba marca un giro decisivo en el caso. No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”, dijo.
En tanto, Borrego explicó que una de las cautelares es “en relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”.
El abogado español calificó la condena a la ex presidenta como una “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”.
La presentación busca que a Cristina Kirchner se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria.
En su departamento de Constitución, la ex presidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
