La relación entre la Argentina y el Reino Unido atraviesa un nuevo momento de tensión por las Islas Malvinas. El gobierno británico publicó una guía oficial en la que ofrece respaldo a las empresas y personas que desarrollen actividades económicas en el archipiélago, incluso aquellas relacionadas con la explotación de petróleo y otros recursos naturales.
La medida fue conocida este 15 de septiembre de 2026, después de que el gobierno de Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina.
Qué decidió Reino Unido sobre las empresas que operan en Malvinas
La guía británica está dirigida a compañías que realizan negocios en las islas, suministran bienes o servicios, o participan indirectamente en el desarrollo de la economía local.
Londres aseguró que apoyará las actividades económicas que considere legítimas y reafirmó que las autoridades isleñas pueden administrar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Además, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro del archipiélago.
La posición argentina es completamente diferente. La Cancillería Argentina considera que cualquier exploración o explotación de recursos naturales realizada sin autorización nacional es ilegal.
Según el reclamo argentino, las concesiones otorgadas por las autoridades isleñas carecen de validez y representan acciones unilaterales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
El petróleo vuelve a quedar en el centro de la disputa
Uno de los proyectos más importantes es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y asociado con Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El Estado argentino cuestionó a ambas compañías por avanzar con operaciones en áreas que considera parte de su plataforma continental. Navitas Petroleum fue declarada clandestina por una resolución de 2022, mientras que Rockhopper Exploration recibió una inhabilitación para operar en la Argentina durante 20 años.
La discusión ya no se concentra únicamente en la soberanía territorial. También involucra quién puede otorgar licencias, cobrar impuestos y administrar los recursos del Atlántico Sur.
Durante los 12 meses finalizados en marzo de 2026, el intercambio comercial entre el Reino Unido y las islas alcanzó los 173 millones de libras. Las exportaciones británicas representaron 138 millones, mientras que las importaciones llegaron a 35 millones.
Una disputa que comenzó mucho antes de la guerra de 1982
El reclamo argentino no comenzó con el conflicto bélico de 1982. La posición oficial sostiene que el país heredó los territorios que habían pertenecido a España y ejerció actos de soberanía sobre las islas luego de la independencia.
El momento decisivo ocurrió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas desplazaron a las autoridades argentinas establecidas en el territorio. Desde entonces, la Argentina presentó protestas diplomáticas y mantuvo el reclamo a través de gobiernos de diferentes signos políticos.
El Reino Unido, por su parte, afirma que administra las islas desde 1833, con la excepción del período correspondiente a la guerra de 1982. También sostiene que cualquier discusión debe considerar el principio de autodeterminación de los habitantes.
La Resolución 2065 de la ONU, una pieza fundamental
El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
La resolución invitó a ambos países a continuar las negociaciones para encontrar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
Entre 1966 y 1968 se desarrollaron conversaciones bilaterales sobre soberanía, comunicaciones y circulación de personas. El proceso llegó hasta la elaboración de un Memorándum de Entendimiento en 1968, pero finalmente no se concretó.
La guerra y el reclamo democrático argentino
El 2 de abril de 1982, la dictadura militar argentina desembarcó en las islas. El conflicto se extendió durante 74 días y terminó el 14 de junio. La guerra dejó 649 combatientes argentinos muertos, además de cientos de heridos y consecuencias que todavía permanecen en la memoria colectiva.
Desde la recuperación de la democracia, la Argentina sostiene que la soberanía debe reclamarse por medios pacíficos y conforme al derecho internacional.
La reforma constitucional de 1994 incorporó ese objetivo en su Disposición Transitoria Primera. Allí se establece que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las islas constituye un objetivo permanente, respetando el modo de vida de sus habitantes.
Qué puede pasar ahora entre Argentina y Reino Unido
La confrontación podría avanzar en los mercados financieros, los tribunales y los organismos internacionales. La Argentina cuenta con antecedentes de denuncias contra empresas petroleras y comunicaciones enviadas a bolsas extranjeras.
El Reino Unido, mientras tanto, intenta ofrecer seguridad política y jurídica para evitar que inversores, proveedores y aseguradoras abandonen los proyectos vinculados con las islas.
La nueva decisión británica no resuelve la controversia, pero aumenta la tensión. Para la Argentina, las operaciones comprometen recursos naturales ubicados en una zona cuya soberanía está en discusión. Para Londres, forman parte de las facultades de la administración isleña.
Así, la explotación petrolera vuelve a colocar a las Islas Malvinas en el centro de la agenda internacional y reactiva una disputa que comenzó en 1833, fue reconocida por la ONU en 1965 y todavía espera una solución negociada.
