El Gobierno explicó los motivos de la decisión de militarizar la Quinta de Olivos, una medida que comenzó a implementarse pocos días atrás y había generado distintas versiones sobre las razones detrás del cambio en el esquema de seguridad de la residencia presidencial. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes 29 de septiembre que la decisión respondió a dos factores vinculados con la seguridad: las amenazas recibidas contra funcionarios de primera línea y la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina.
“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, aseguró durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.
La explicación oficial se conoció después de que la Casa Militar asumiera la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.
El Gobierno había comunicado que el traspaso se completaría en un plazo máximo de 60 días y que el objetivo era elevar los estándares de seguridad y eficiencia.
Qué dijo el Gobierno sobre las amenazas
Ravier vinculó la decisión con un escenario que el Ejecutivo describe como un “clima de conflictividad sobre la seguridad”. En ese marco, mencionó las amenazas que, según el Gobierno, recibieron funcionarios de alto nivel y puso como ejemplo el supuesto intento contra Diego Kravetz, número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El vocero también hizo referencia a amenazas de bomba en la Casa Rosada y a la preocupación oficial por posibles personas consideradas un riesgo para la seguridad nacional. “Hay posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, sostuvo Ravier, aunque no brindó mayores detalles sobre los perfiles a los que hacía referencia.
La Casa Rosada ya había relacionado públicamente el nuevo esquema en Olivos con la seguridad presidencial y la visita de León XIV. En una conferencia anterior, Ravier había leído un comunicado según el cual la transferencia a la Casa Militar buscaba reforzar la protección del Presidente y su entorno frente a la escalada de la inseguridad global y al movimiento de personal externo que implicará el acondicionamiento de la residencia para la visita papal.
La explicación sobre los “10 mil terroristas”
La decisión sobre la Quinta de Olivos quedó atravesada por las declaraciones que Javier Milei realizó el domingo en diálogo con Luis Majul, cuando afirmó que durante 2025 el Gobierno había expulsado a “10 mil terroristas”. Ravier fue consultado por esa afirmación y buscó explicar la diferencia entre las cifras mencionadas por el Presidente y los datos de un informe oficial sobre personas extranjeras rechazadas o no admitidas en las fronteras argentinas.
Según el vocero, el 72,3% de los casos corresponde a personas rechazadas o no admitidas por perfiles considerados de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios. La diferencia con los “cerca de 30.000” mencionados por Milei estaría dada, de acuerdo con su explicación, por otras personas que fueron bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025 y que no aparecen contabilizadas en ese informe.
En ese contexto, Ravier sostuvo que el Gobierno considera que existe un riesgo de seguridad que excede la situación específica de la Quinta de Olivos y que justifica la concentración de funciones en la Casa Militar.
Qué cambiará en la Quinta de Olivos tras su militarización
El nuevo esquema no se limita a reforzar la custodia presidencial. La decisión contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y una separación de las funciones de seguridad, administración y control.
De acuerdo con la comunicación oficial, la transferencia permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la Quinta. La Casa Militar asumirá de manera integral las funciones vinculadas con la seguridad de la residencia y de otros lugares donde se encuentre el Presidente.
La medida también provocó cambios entre los trabajadores civiles que cumplían tareas dentro del predio. En los primeros días fueron informadas distintas cesantías y reestructuraciones, mientras que el gremio ATE cuestionó la decisión y reclamó por la situación del personal afectado.
Así, la explicación que brindó ahora el Gobierno agrega nuevos elementos al argumento que había presentado cuando anunció la reorganización: las amenazas contra funcionarios de alto nivel y la visita del papa León XIV, en un contexto que la Casa Rosada define como de mayor riesgo para la seguridad presidencial.
