La fabricante argentina de tractores Pauny atraviesa una delicada situación financiera que pone en duda la continuidad de sus operaciones en la planta de Las Varillas, Córdoba. La compañía acumula 146 cheques rechazados por $1.028,4 millones, mantiene deudas salariales y busca capital para superar la crisis que afecta a sus trabajadores.
Desde septiembre, la empresa funciona solamente tres días por semana y paga el 70% de los salarios, bajo un procedimiento preventivo de crisis acordado con los trabajadores y las autoridades provinciales.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional San Francisco, denunció que existen haberes pendientes desde la segunda quincena de septiembre y que tampoco se realizaron los aportes patronales correspondientes.
El conflicto se profundizó cuando Pauny comunicó que sus empleados no debían presentarse a trabajar los días 28, 29 y 30 de octubre. Sin embargo, los operarios acudieron a la fábrica y el sindicato solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de Córdoba.
La situación financiera también quedó reflejada en los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde figuran los cheques rechazados por una suma superior a los $1.000 millones.
Qué pasará con Pauny: la búsqueda de inversores y la competencia de los tractores chinos
Entre las explicaciones que manejan fuentes provinciales aparecen las dificultades para acceder al capital de trabajo y la creciente competencia de maquinaria importada, especialmente de origen chino.
Aunque la compañía todavía cuenta con pedidos, enfrenta problemas para financiar su producción y cumplir con sus obligaciones.
Los datos del sector reflejan una caída de la actividad. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en septiembre de 2026 se patentaron 401 tractores, un 22,6% menos que durante el mismo mes de 2025.
En el caso de Pauny, los patentamientos pasaron de 33 unidades en agosto a 24 en septiembre, mientras que su participación acumulada en el mercado alcanzó el 7,9%.
Frente a este escenario, el Gobierno cordobés analiza posibles medidas de acompañamiento y la incorporación de inversores privados. Entre las alternativas también se consideran un concurso preventivo, una inyección de capital o una venta parcial o total de la compañía.
Por el momento, no se informaron despidos, pero las dificultades económicas y los atrasos salariales mantienen la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica.
