El caso de Juan Carlos Kategora, el director de escuela que estuvo al frente de la Escuela Provincial 733 de San Vicente, Misiones, dio un salto decisivo y quedó bajo la órbita de la Justicia. Tras conocerse que acumuló 3363 días de licencia a lo largo de 18 años, el diputado provincial Cristian Castro del Partido Agrario y Social presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 de Posadas para investigar la conducta laboral y administrativa del acusado.
La presentación judicial busca determinar si las maniobras del docente configuran los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público. Según la denuncia, Kategora intercaló sus ausencias escolares con tareas en Energía de Misiones (EMSA) —empresa a la que ingresó por su vínculo familiar con el expresidente de la firma, Héctor López Ricci— mientras realizaba viajes al exterior que fueron difundidos en redes sociales.
Frente a la gravedad de los hechos denunciados, el legislador solicitó a la fiscalía un informe completo de la trayectoria laboral del imputado. Los ejes principales a auditar incluyen:
- Legajos y salarios: el cotejo de haberes percibidos simultáneamente en la escuela y en la empresa de energía provincial.
- Certificados y licencias: el historial de justificativos médicos para verificar la autenticidad de las firmas y diagnósticos.
- Movimientos migratorios: el registro de salidas del país en fechas coincidentes con las licencias otorgadas por enfermedad o reposo.
En paralelo, la titular del Consejo General de Educación (CGE), Daniela López, confirmó que se le aceptó la renuncia al cargo de director a Kategora y aclaró que no frena el sumario administrativo. Desde el organismo, indicaron que ya en 2019 se le había aplicado un descuento del 50% de sus haberes por superar los plazos permitidos y que en 2022 el acusado intentó tramitar una jubilación que fue rebotada por falta de requisitos.
Uno de los costados más sensibles de la investigación judicial y administrativa apunta al entramado que hizo posible las prolongadas ausencias. Desde el CGE, remarcaron que el análisis se centrará en la documentación médica presentada: “En caso de comprobarse adulteraciones de certificados, firmas o diagnósticos, podrían surgir responsabilidades que excedan al docente y alcancen a quienes eventualmente hubieran intervenido en la confección o validación de esos documentos”.
A raíz de este escándalo, el CGE ordenó revisar de manera integral todas las licencias de larga duración vigentes en la planta docente de Misiones. Con la denuncia penal en marcha, el caso dejó de ser una infracción interna para convertirse en una causa por presunta malversación y fraude al Estado.
