La historia de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, provocó una enorme conmoción en España. La mujer de 87 años fue desalojada el miércoles 23 de septiembre del departamento del barrio madrileño de Retiro en el que había vivido desde 1956. Pagaba cerca de 500 euros mensuales, pero la empresa propietaria le reclamaba un nuevo alquiler de 1.650 euros, una cifra que superaba su pensión.
El desahucio se concretó en el cuarto intento, en medio de un amplio operativo policial y pese a la presencia de vecinos y activistas que buscaban impedirlo mediante una resistencia pacífica. Maricarmen, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, abandonó la vivienda en camilla y fue trasladada a un hospital público, donde permaneció internada durante los días posteriores.
Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado cinco días después. La familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria del inmueble, alcanzaron un acuerdo para que la mujer pueda volver a su casa, aunque el pacto todavía debe ser ratificado personalmente por ella.
Por qué desalojaron a Maricarmen de su casa
El vínculo de Maricarmen con el departamento comenzó en 1956, cuando su padre firmó un contrato bajo el régimen conocido como “renta antigua”. Después del fallecimiento de sus padres, la mujer continuó viviendo en el inmueble y pagando un alquiler cercano a los 500 euros mensuales.
La situación cambió luego de que Urbagestión Desarrollo e Inversión SL comprara el departamento en 2018. La empresa reclamó la finalización del contrato y propuso un alquiler superior al que Maricarmen abonaba hasta ese momento. Según la información difundida, llegó a solicitarle 1.650 euros por mes, mientras que la mujer percibía una pensión de aproximadamente 1.300 euros.
El conflicto llegó a los tribunales. Maricarmen obtuvo inicialmente una sentencia favorable, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión y posteriormente el Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad. Así quedó habilitada la orden judicial que permitió ejecutar el desalojo.
De acuerdo con su representación legal, la anciana había continuado pagando el antiguo alquiler. Antes del desahucio, una persona anónima incluso se ofreció a cubrir la diferencia económica necesaria para que la mujer permaneciera en la vivienda, pero esa alternativa no derivó en un acuerdo con la empresa propietaria.
El desalojo se produjo el miércoles 23 de septiembre, después de tres intentos anteriores que habían sido suspendidos. Durante la noche previa, cientos de vecinos y activistas se concentraron frente al edificio de la calle Alcalde Sáinz de Baranda para acompañar a Maricarmen y tratar de impedir su salida.
Los manifestantes utilizaron consignas como “Maricarmen no se va” y “Maricarmen no estás sola”. Pese a la movilización, la Policía logró ingresar al inmueble y ejecutar la orden judicial. La mujer fue retirada en camilla y trasladada en ambulancia al hospital, mientras las imágenes del procedimiento comenzaron a circular en medios y redes sociales.
Maricarmen continuó internada después del desalojo, entre otros motivos, por un cuadro de ansiedad leve. Sus pertenencias, en tanto, permanecieron dentro del departamento, una circunstancia que facilitaría su regreso en caso de que acepte definitivamente el acuerdo alcanzado por sus representantes.
El acuerdo para que Maricarmen pueda volver a su casa
La negociación definitiva se realizó el lunes 28 de septiembre en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. Del encuentro participaron la abogada Beatriz Duro, familiares de Maricarmen, representantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, integrantes de Urbagestión y profesionales municipales especializados en intermediación de alquileres.
Después de más de cuatro horas de conversaciones, las partes acordaron un nuevo contrato adaptado a la normativa de arrendamientos urbanos. Tendrá una duración de ocho años y establecerá que la renta no podrá superar el 30% de los ingresos netos de Maricarmen. El monto sería cercano a los 500 euros mensuales que pagaba antes del desalojo.
El regreso podrá concretarse cuando la mujer reciba el alta hospitalaria, siempre que ratifique el pacto y firme el nuevo contrato. Según explicaron sus representantes, la intención es que pueda trasladarse directamente desde el centro médico hacia la vivienda en la que pasó más de siete décadas.
“Maricarmen va a pagar una renta aproximada de lo que venía pagando”, explicó su abogada tras la reunión. Aunque calificó el resultado como positivo, también lamentó que la solución llegara después del desahucio y de una situación que, según sostuvo, ninguna persona debería atravesar.
Qué falta para que Maricarmen regrese a su casa
El acuerdo alcanzado representa un giro decisivo, pero todavía no está completamente cerrado. Maricarmen deberá conocer las condiciones, dar su conformidad y firmar el nuevo contrato. Hasta ese momento, su regreso permanece condicionado a su aprobación y al alta del hospital.
Si acepta, volverá a vivir en el mismo departamento con un alquiler ajustado a sus ingresos y garantizado durante ocho años. Su caso, sin embargo, dejó abierto un debate mucho más amplio sobre las personas mayores, los contratos antiguos, el precio de los alquileres y la capacidad de las administraciones para intervenir antes de que se concrete un desahucio.
La historia que comenzó con una mujer de 87 años expulsada en camilla de la casa donde pasó casi toda su vida podría terminar con su regreso. Pero la movilización generada alrededor de Maricarmen convirtió su situación personal en un emblema del problema de la vivienda en España y en un reclamo para impedir que otros inquilinos vulnerables atraviesen una experiencia similar.
