El presidente Javier Milei anunció este lunes 28 de septiembre que instruyó a la Cancillería argentina y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La medida busca impedir la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina.
Como parte de la estrategia, el Gobierno intimó a las autoridades británicas para que, en un plazo de dos semanas, adopten las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades relacionadas con Sea Lion. En caso contrario, la administración nacional anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.
El mensaje de Milei sobre Malvinas y el proyecto Sea Lion
A través de su cuenta oficial en X, Javier Milei presentó la decisión como una acción concreta para defender el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y sus recursos naturales. El mandatario utilizó la frase “Defendiendo con hechos” para encabezar la publicación y cuestionó las actividades petroleras autorizadas por el Reino Unido.
“Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió el Presidente.
En el mismo mensaje, Milei estableció el plazo que tendrá Londres para responder: “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”. Finalmente, cerró la publicación con una afirmación sobre la soberanía del archipiélago: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”.
Qué es el proyecto Sea Lion y dónde se encuentra
Sea Lion es un proyecto petrolero ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de la denominada Cuenca Malvinas Norte. El desarrollo es liderado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
Las compañías vinculadas con el proyecto operan bajo licencias concedidas por las autoridades británicas de las islas. La Argentina no reconoce esas autorizaciones debido a que considera que fueron otorgadas unilateralmente sobre recursos naturales ubicados en un territorio y espacios marítimos sometidos a una disputa de soberanía.
El Gobierno argentino sostiene que la explotación unilateral de petróleo puede provocar un perjuicio “irreversible e irreparable” a los derechos soberanos del país. La nueva presentación busca frenar las operaciones, pero también impedir el otorgamiento de otros permisos de exploración o explotación sobre los recursos naturales de la plataforma continental reclamada por la Argentina.
En qué consiste el arbitraje internacional contra el Reino Unido
El procedimiento anunciado por el Ejecutivo se enmarca en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese mecanismo permite someter determinadas controversias entre Estados a un tribunal arbitral, que debe analizar los argumentos jurídicos y las obligaciones asumidas por las partes bajo la Convención.
Mientras se constituye el tribunal arbitral, la Argentina podría solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Esas medidas tendrían como objetivo preservar los derechos reclamados por el país y evitar que las actividades petroleras produzcan consecuencias difíciles de revertir antes de que exista una resolución sobre el fondo de la controversia.
El anuncio no supone que el Tribunal ya haya intervenido ni que haya ordenado suspender el proyecto. Primero deberá transcurrir el plazo de dos semanas establecido en la intimación. Si el Reino Unido no adopta las medidas exigidas, el Gobierno argentino avanzará con el pedido de protección provisional ante el organismo internacional, según explicó la Casa Rosada.
Los argumentos de la Argentina por la soberanía de Malvinas
Para fundamentar la decisión, el Ejecutivo volvió a mencionar la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas e insta a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
También citó la Resolución 31/49, que pide a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen modificaciones en la situación de las islas mientras continúa el proceso recomendado por las Naciones Unidas. Para la posición argentina, el otorgamiento de licencias petroleras y la explotación de recursos naturales contradicen ese llamado internacional.
