Un nuevo informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de España sostiene que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habría participado en una supuesta “dinámica de intermediación e influencias” ante autoridades de Bolivia con el objetivo de favorecer intereses del grupo empresarial peruano Grupo Gloria, a cambio de una presunta contraprestación económica de 200.000 euros.
El documento, fechado el 22 de junio y ya remitido a la autoridad judicial, forma parte de las actuaciones vinculadas al denominado caso Plus Ultra, aunque incorpora una línea de investigación adicional que apunta a presuntas actividades de intermediación internacional no relacionadas directamente con el rescate de la aerolínea.
Pagos y supuestos “servicios de asesoría”
Según el informe policial, los investigadores consideran que se habrían simulado “servicios de asesoría no prestados” para justificar el ingreso de 200.000 euros a favor de Zapatero entre 2024 y 2025. Dichos pagos se habrían canalizado a través de una “sociedad interpuesta” denominada Focus Social Research, una empresa con objeto social vinculado al marketing y la consultoría.
La UDEF sostiene que, a partir del análisis de comunicaciones y documentación incautada, los servicios descritos en el contrato “no guardarían relación” con la actividad real de la empresa, lo que refuerza la hipótesis de una estructura societaria creada ad hoc para justificar los pagos.
De acuerdo con el dosier, detrás de esta operativa estaría el conglomerado empresarial Gloria, que habría buscado apoyo en el exmandatario español en el marco de litigios millonarios con el Estado boliviano.
Reuniones con autoridades de Bolivia
El informe también detalla que Zapatero habría realizado gestiones para facilitar reuniones entre directivos del grupo empresarial y altos cargos del Gobierno boliviano, incluyendo al ministro de Justicia de ese país y otros funcionarios de primer nivel.
En ese contexto, la UDEF afirma que el expresidente español habría mantenido contactos con figuras relevantes del Estado Plurinacional de Bolivia, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, así como con ministros de Economía y Justicia y el Procurador General del Estado.
Las investigaciones apuntan a que estas gestiones se habrían producido tras decisiones administrativas del Gobierno boliviano que habrían afectado negativamente los intereses económicos del grupo Gloria, lo que habría motivado la contratación de servicios de intermediación.
El rol de intermediarios y la estructura de contactos
El documento policial atribuye un papel relevante a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, quien habría intervenido en la organización de reuniones a solicitud de Zapatero. Asimismo, se menciona a la exembajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, como supuesta intermediaria entre el entorno del exmandatario y directivos del conglomerado empresarial.
Según el informe, estas conexiones habrían permitido articular una red de contactos institucionales y privados para facilitar encuentros de alto nivel en Bolivia, en el marco de los litigios que mantenía el grupo empresarial.
Hipótesis de una estructura de influencias
La UDEF concluye en su informe que los hechos analizados “apuntalan indicios” de la existencia de una posible estructura organizada destinada a ejercer influencia en el extranjero mediante el uso de contactos políticos y empresariales.
En ese sentido, los investigadores plantean la hipótesis de que Zapatero habría liderado una red de intermediación que, aprovechando su experiencia y relevancia internacional, habría prestado servicios de influencia en beneficio de distintos clientes privados.
No obstante, se trata de conclusiones preliminares basadas en el análisis de dispositivos electrónicos incautados durante registros realizados en mayo en el despacho del exmandatario, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.
Un informe que amplía la investigación judicial
El nuevo informe introduce una posible línea paralela de investigación sobre actividades de asesoramiento e intermediación internacional, distinta de la causa principal que analiza el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.
Por el momento, la información forma parte de diligencias en curso y deberá ser evaluada por el juez instructor, que determinará si existen elementos suficientes para avanzar en nuevas imputaciones o ampliar el objeto de la causa.
La investigación continúa abierta mientras se analizan los materiales incautados y las comunicaciones intervenidas, en un caso que podría tener derivaciones políticas y diplomáticas de alcance internacional.
