La Justicia de Estados Unidos solicitó el decomiso de 15.000 millones de dólares atribuidos al narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. La medida forma parte del proceso judicial que culminará con la sentencia prevista para el 20 de julio, y volvió a poner en el centro del debate el destino de las fortunas incautadas a las organizaciones criminales.
El pedido representa uno de los mayores decomisos de la historia del narcotráfico. Como antecedente, en 2019 la Justicia estadounidense ordenó la confiscación de 12.600 millones de dólares al también líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
¿Quién se queda con el dinero decomisado al narcotráfico?
Una vez que un tribunal determina que el patrimonio de un acusado proviene de actividades ilícitas, esos bienes pasan a ser propiedad del Gobierno de Estados Unidos.
Según explicó el investigador Gary J. Hale, especialista en políticas sobre drogas del Instituto Baker de la Universidad de Rice, el dinero puede destinarse a financiar investigaciones del Departamento de Justicia, fortalecer agencias de seguridad y colaborar con organismos estatales, locales y federales que participaron en la investigación.
Además, parte de esos fondos puede utilizarse para programas de compensación destinados a víctimas de delitos, aunque quienes aspiren a recibir una indemnización deben presentar una solicitud formal que respalde su reclamo.
¿México puede reclamar el dinero de “El Mayo” Zambada?
Para especialistas en seguridad, esa posibilidad existe, aunque resulta poco probable.
El investigador Juan Carlos Montero Bagatella, profesor de la Universidad de Monterrey, sostiene que Estados Unidos puede quedarse con esos activos porque fue quien realizó la investigación financiera que permitió rastrear el origen ilícito del dinero.
Aunque muchas cuentas vinculadas a organizaciones criminales se encuentren en México, forman parte del sistema financiero internacional, lo que facilita la actuación de las autoridades estadounidenses.
El experto considera que, para reclamar esos recursos, México debería desarrollar investigaciones propias que demuestren la procedencia ilegal del patrimonio, algo que, según su análisis, no ocurrió en este caso.
El desafío de rastrear las fortunas del crimen organizado
Los especialistas coinciden en que identificar la totalidad del patrimonio de un capo narco es una tarea extremadamente compleja.
Las organizaciones criminales suelen distribuir sus recursos entre prestanombres, empresas fachada, sociedades legales y múltiples cuentas bancarias, mezclando dinero de origen ilícito con fondos provenientes de actividades aparentemente legítimas.
Esa ingeniería financiera dificulta establecer con precisión cuánto dinero posee realmente un narcotraficante y cuánto logra recuperar la Justicia.
El modelo italiano y la reutilización de bienes confiscados
Italia es uno de los países que desarrolló un sistema específico para reutilizar los bienes decomisados a la mafia. A través de una agencia estatal, inmuebles, terrenos y otros activos son destinados a proyectos sociales y comunitarios.
En Estados Unidos también existen mecanismos para redistribuir parte de los fondos, e incluso se registraron antecedentes de cooperación con México.
En 2010, ambos países compartieron recursos obtenidos en una investigación conjunta sobre lavado de dinero, mientras que en 2012 acordaron repartirse otros fondos provenientes de una causa similar.
Con el caso de “El Mayo” Zambada, el debate vuelve a instalarse: además de encarcelar a los líderes del narcotráfico, las autoridades buscan golpear el corazón financiero de los cárteles, privándolos de los recursos que sostienen sus operaciones criminales y su capacidad de expansión.
