Francisco Wanderley Luiz tenía 59 años. En sus redes sociales, había compartido mensajes de odio y amenazas contra autoridades del país.
Por Canal26
Jueves 14 de Noviembre de 2024 - 16:20
La ciudad brasileña de Río de Janeiro amaneció este jueves con militares patrullando las calles, algo ya previsto en el plan de seguridad durante la Cumbre del G20 de la próxima semana (18 y 19 de noviembre), pero con las alertas aún más encendidas tras el frustrado atentado de la víspera en Brasilia.
Las autoridades brasileñas avanzan en las investigaciones para esclarecer las motivaciones del hombre que lanzó explosivos contra la sede de la Corte Suprema y después se quitó la vida, en un ataque al parecer vinculado con "grupos de extremistas".
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Según indicó la Policía Federal, Francisco Wanderley Luiz tenía 59 años, era cerrajero de profesión, natural del estado de Santa Catarina (sur) y estaba en Brasilia desde julio pasado.
Era militante del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, y fue candidato a concejal en la ciudad de Rio do Sul en las municipales de 2020, pero recibió solo 98 votos y no fue elegido.
En sus redes sociales, había compartido mensajes de odio y amenazas contra autoridades del país. "En los mensajes compartidos a través de WhatsApp, se puede observar que algunos de ellos tienen contenidos que anticipan lo sucedido hoy, expresando previamente la intención del autor de practicar el autoexterminio y los ataques con bombas contra personas e instituciones", explicaron las autoridades.
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Según el director de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, Wanderley Luiz intentó ingresar la noche del miércoles en la sede del Supremo. Al no conseguirlo, se dirigió a la Plaza de los Tres Poderes, donde están situadas también las sedes de la Presidencia y el Congreso, y empezó a lanzar artefactos explosivos para, acto seguido, agacharse e inmolarse.
Autoridades señalaron que el hombre llevaba atado un cinturón con más explosivos conectados a un temporizador, además de portar un extintor con combustible que simulaba un lanzallamas.
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Además de los que llevaba encima, el atacante dejó material explosivo en al menos otros tres lugares:
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La Policía considera que el ataque fue "premeditado" y "planeado" por meses y está vinculado con "grupos extremistas activos". El caso se investiga como una acción "terrorista" que buscaba "abolir de forma violenta el Estado democrático de Derecho".
En tanto, se sospecha que el objetivo final de Wanderley Luiz era asesinar al juez del Supremo Alexandre de Moraes, instructor de causas contra Bolsonaro por golpismo y contra los activistas que invadieron las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023, para intentar derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Esa tesis se fundamenta en una declaración de una antigua pareja del agresor, a quien comentó su intención de matar a De Moraes y después quitarse la vida.
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La Policía indicó que hay indicios de que ambos episodios están conectados. Según Rodrigues, en las paredes y espejos de la vivienda de Ceilandia había mensajes escritos que hacen alusión al 8 de enero. Además, Wanderley Luiz estuvo en ese periodo en Brasilia, aunque aún se desconoce si participó en los violentos actos de ese día.
En ese contexto, Bolsonaro repudió el episodio, que atribuyó a un enfermo mental, y llamó a todos los partidos e instituciones del país a avanzar en una "pacificación nacional", dejando entrever la necesidad de amnistiar a los condenados del 8 de enero.
De Moraes, que también supervisará la investigación de este último ataque, descartó que se trate de un "hecho aislado" y lo vinculó al 8 de enero de 2023. Por el momento, Lula aún no se manifestó sobre el suceso.
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El ataque se produjo en vísperas de que Río de Janeiro albergue la reunión de líderes del G20, prevista para los días 18 y 19 próximos. Rodrigues afirmó que para la cumbre ya se trabajaba con el nivel "más elevado" de seguridad, que incluye un amplio dispositivo con la participación de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas.
No obstante, adelantó que estarán todavía más atentos y repasarán lo ya planeado para garantizar la seguridad "absoluta" de todos los jefes de Estado y de Gobierno.
Por su parte, Lula firmó un decreto por el que permitió la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en las tareas para garantizar la seguridad durante la cita. La medida permite que unos 9.000 militares se sumen a los cerca de 12.000 agentes de policía y miembros de diferentes organismo de seguridad que fueron movilizados para la cumbre.
Mientras que los soldados del Ejército apoyarán las tareas de patrulla y vigilancia en las áreas por las que circularán y se alojarán los gobernantes, los miembros de la Marina vigilarán la Bahía de Guanabara, que baña los jardines del Museo de Arte Moderno (MAM), la sede de la cita.
La Fuerza Aérea, por su parte, será responsable por garantizar el espacio aéreo en toda la ciudad, para lo cual fue determinado el cierre temporal del aeropuerto Santos Dumont, utilizado para vuelos regionales y vecino al MAM.
Los militares también serán responsables por la escolta de las autoridades y por la protección de infraestructuras estratégicas.
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