La Cancillería manifestó su “más enérgico rechazo” a la reciente publicación de la guía británica “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, mediante la cual “el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
“La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, planteó la cartera que dirige Pablo Quirno en un comunicado.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó la Cancillería.
El Gobierno además remarcó que ya envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos y presentó tres denuncias penales que alcanzan a 10 compañías y sus directivos.
El comunicado confirma además que el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. En esos encuentros, según la Cancillería, se cuestionó el avance de Sea Lion y el conjunto de actos vinculados con licencias, incentivos y contratación de proveedores.
La Cancillería reiteró al mismo tiempo que la Argentina mantiene su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para discutir la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.
Qué decidió Reino Unido sobre las empresas que operan en Malvinas
La guía británica está dirigida a compañías que realizan negocios en las islas, suministran bienes o servicios, o participan indirectamente en el desarrollo de la economía local.
Londres aseguró que apoyará las actividades económicas que considere legítimas y reafirmó que las autoridades isleñas pueden administrar los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Además, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro del archipiélago.
La posición argentina es completamente diferente. La Cancillería Argentina considera que cualquier exploración o explotación de recursos naturales realizada sin autorización nacional es ilegal.
Según el reclamo argentino, las concesiones otorgadas por las autoridades isleñas carecen de validez y representan acciones unilaterales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
