El primer ministro, Rishi Sunak apeló a la justicia por un controversial punto respecto de la expulsión de migrantes irregulares a Ruanda.
Por Canal26
Martes 18 de Julio de 2023 - 08:42
Crecen las leyes antiinmigrantes en Europa. Esta vez, Reino Unido aprobó una legislación que permite deportar rápidamente a aquellas personas que intentan entrar de manera ilegal al país.
La medida ya pasó por la Cámara de los Comunes que rechazó las enmiendas que intentaban ablandar la ley y por la Cámara de los Lores donde los conservadores votaron de manera afirmativa. Ahora la legislación cae en manos del rey Carlos III para que la firme.
Esta ley es la punta de lanza del gobierno de Rishi Sunak, quien intenta detener el arribo de inmigrantes por el canal de la Mancha. Con esta medida, Inglaterra podrá expulsar personas inclusive antes de resolver una solicitud de asilo. Además, podrán deportar a los inmigrantes a otros países como Ruanda.
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Sin embargo, se criticó al gobierno inglés por introducir al país africano como sede de la deportación, ya que no es un "tercer país seguro". Por este motivo, el primer ministro apelará al Tribunal Supremo.
Dos magistrados del Tribunal de Apelación plantearon que el sistema de asilo ruandés es un "riesgo real" para los refugiados ya que podrían volver a sus países de origen y volver a sufrir las crisis económicas y humanitarias por las que se escapan. “A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal”, aseguraron.
“A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal”
Los magistrados detallaron “que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta política”, planteando que “esa es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno”. Luego Sunak afirmó que pedirá “permiso para recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo” por considerar que “el gobierno ruandés proporcionó las garantías necesarias”.
Por otra parte, la ONG Human Rights Watch exigió a la ministra del Interior ultraconservadora Suella Braverman, que “abandone este sueño febril impracticable y contrario a la ética”. En este sentido, la funcionaria respondió: “No retrocederé”.
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