Rusia declaró a Greenpeace como una organización "indeseable"

Greenpeace, organización. Foto: Reuters.

Nueva polémica en Rusia. La fiscalía declaró a Greenpeace como una organización "indeseable" y la acusó de que sus actividades "representan una amenaza para los cimientos del orden constitucional y la seguridad". Esta decisión prohíbe que realice sus actividades en el país.

A través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que la ONG camufla con "actividades ambientales" una verdadera posición política e "intentos de interferir en los asuntos internos del Estado", con un claro objetivo de "socavar las bases económicas" de Rusia.

La filial rusa de Greenpeace, inaugurada en 1992, lleva a cabo operaciones en el país para concienciar sobre el cambio climático, combatir los incendios forestales, la contaminación y preservar especies animales en peligro de extinción.

Mantuvo su actividad en Rusia a pesar de la creciente represión sobre las ONG tras la invasión a Ucrania, y siguió reclamando mayores compromisos en materia medioambiental, con denuncias que, por ejemplo, tienen que ver con el estado del lago Baikal, situado en la zona de Siberia.

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"Propaganda antirrusa"

La Oficina del Fiscal General acusó a la organización ambientalista de lanzar campañas destinadas a difundir "una opinión negativa" y "obstruir la implementación de programas estatales rusos" que en realidad "son beneficiosos" para el país.

Por otro lado, consideró que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Greenpeace difundió "propaganda antirrusa" e impulsó "un mayor aislamiento económico" y el endurecimiento de las sanciones internacionales.

Greenpeace, organización. Foto: Reuters.

El Ministerio Público remitió esta decisión al Ministerio de Justicia de Rusia para que incluya a Greenpeace en el listado de ONG internacionales cuyas actividades son reconocidas como "indeseables" en el territorio ruso y quedan prohibidas de funcionar.

La ley rusa permite limitar e incluso prohibir las actividades de organizaciones en base a consideraciones relativas al origen de sus fondos o a la actividad que desempeñan dentro del país, especialmente si se entiende que su labor es contraria a los intereses del Estado o ponen en riesgo la seguridad nacional.