“Tierras sociedad anónima, crónica de un país rematado”. Ese podría ser el titular de una noticia de un futuro no tan lejano si el Gobierno nacional tiene éxito en imponer en el Parlamento una nueva ley que permitirá a empresas y millonarios extranjeros a adquirir, sin límites ni control, cientos de miles de hectáreas en la Argentina.
Montañas ricas en minerales; magníficos salares para extraer litio, espejos de aguas y hasta tierras en zonas de frontera buscadas por capitales vinculados a la narcocriminalidad.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, presentó un mapa que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina.
La extranjerización actual es del 5,57% del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra— y que pertenecen a firmas o estados extranjeros —muy por debajo del tope del 15% que establece la ley actual—, lo que para los críticos del proyecto actual refuerza el argumento de que no existe una urgencia que justifique la reforma.
El informe contradice el argumento oficial de que ninguna provincia supera el límite legal del 15%: al analizar por departamentos, 36 distritos ya lo exceden.
El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas —tanto en el norte como en la cordillera— y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos.
Advierten además que derogar la Ley de Tierras, como impulsa el Gobierno nacional, no apunta a inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de recursos estratégicos.
La ley que impulsa el oficialismo borra la hasta ahora ley vigente bajo el confuso nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que suma resistencia desde organizaciones sociales, políticos, la iglesia y ambientalistas.
El proyecto, diseñado por el ministro de desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, busca desmantelar la ley n° 26.737, sancionada el 22 de diciembre de 2011.
La ley apuntó a tres objetivos centrales: proteger la soberanía territorial y los recursos estratégicos, preservar la tierra en manos de productores agropecuarios nacionales, y crear un registro real de titularidades.
La búsqueda por la derogación de la ley de tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos. La Casa Rosada intentó darle media sanción en la Cámara Alta, pero, por ahora no consiguió los votos.
El proyecto de reforma a la ley de tierras también elimina la prohibición específica de adquirir tierras con cuerpos de agua permanentes y de envergadura: ríos, arroyos, lagos, lagunas.
De todos, la extranjerización de la tierra es el aspecto más perjudicial para la integridad nacional.
