Una serie de videos publicados en redes sociales permitió reconstruir la persecución y muerte de un yaguareté en Formosa. Casi cuatro años después, la Justicia Federal condenó a Carlos Miguel Javier Chagra, uno de los participantes, a tres años de prisión en suspenso -el máximo previsto para el delito- y estableció una reparación económica de $5 millones destinada a la conservación de la especie.
El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N.º 2 de Formosa, a cargo de la jueza María Belén López Macé. El condenado fue considerado coautor de la caza de un animal silvestre cuya captura está prohibida, con el agravante de la participación de tres o más personas, según el artículo 25 de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.
La persecución que quedó registrada en videos
El hecho ocurrió el 19 de diciembre de 2022 en una zona rural cercana a la ciudad formoseña de Clorinda. Según quedó acreditado en la causa, el acusado participó junto con al menos otras dos personas, que no fueron identificadas, en la persecución y posterior muerte de un yaguareté macho.
La investigación comenzó después de que el episodio fuera difundido en redes sociales. En una de las grabaciones se observaba el seguimiento de las huellas del animal. En otro registro aparecía el ejemplar ya muerto mientras una voz relataba que el grupo llevaba varias horas persiguiéndolo. Esas imágenes se transformaron en una prueba central del expediente judicial.
La Fundación Red Yaguareté detectó las publicaciones e impulsó la denuncia. Posteriormente, un allanamiento realizado en el domicilio del acusado permitió secuestrar armas de fuego, miras telescópicas, municiones y material fotográfico relacionado con la caza de otros animales. La sentencia consideró que esos elementos mostraban una práctica que iba más allá del episodio puntual investigado.
El acusado reconoció el hecho durante el juicio
En un comienzo, el acusado negó haber participado en la cacería y sostuvo que no era la persona que aparecía en los videos. También afirmó que las grabaciones habían sido editadas y que no se encontraba en el país cuando ocurrió el hecho. Esa posición cambió al avanzar el proceso judicial.
La causa se resolvió mediante un juicio abreviado acordado en agosto de 2026 entre la fiscalía, la defensa y las partes querellantes. En ese marco, el imputado cambió su versión, reconoció su intervención en la persecución y muerte del ejemplar y admitió que la pérdida de un yaguareté causa un daño ambiental que no puede repararse completamente con dinero.
La jueza homologó el acuerdo y aplicó tres años de prisión en suspenso. Aunque la pena no implica el ingreso inmediato a una cárcel, el condenado deberá cumplir las reglas de conducta fijadas por el tribunal. La magistrada valoró especialmente el carácter premeditado y coordinado de la cacería para justificar la sanción más elevada dentro de la escala legal.
Una reparación de $5 millones para proteger la especie
Además de la pena de prisión, la sentencia estableció una reparación económica de $5 millones. El dinero deberá distribuirse entre el Ministerio de Ambiente de Formosa, la Fundación Red Yaguareté y la autoridad ambiental nacional para financiar iniciativas relacionadas con la conservación del felino.
El yaguareté fue declarado Monumento Natural Nacional en 2001, la máxima categoría de protección que puede recibir una especie en el país. Sus principales amenazas son la pérdida y fragmentación del hábitat, la disminución de sus presas y la caza furtiva. En la Argentina, permanece catalogado en peligro crítico de extinción.
Un nuevo precedente contra la caza furtiva
La resolución es la segunda condena relevante dictada en Formosa por la muerte ilegal de un yaguareté. En una causa anterior, cuatro personas fueron condenadas por cazar, carnear y consumir otro ejemplar. Tres recibieron penas de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria y un cuarto obtuvo una condena de ejecución condicional.
En ese expediente anterior, la Justicia también estableció reparaciones económicas destinadas al Programa de Conservación del Yaguareté. Los arrestos domiciliarios de tres condenados finalizaron el 2 de septiembre de 2026 por haberse cumplido el plazo legal de las penas, aunque las obligaciones económicas y de capacitación continuaron vigentes.
La nueva sentencia fortalece la aplicación penal de las normas destinadas a proteger la fauna silvestre. También confirma el valor que pueden adquirir las publicaciones en redes sociales dentro de una investigación.
